El PP ha dado marcha atrás en su iniciativa de dotar a la Fiscalía en exclusiva de la "llave" para controlar la duración de las causas penales en virtud del nuevo Proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Ministerio Público ya no será la única parte que podrá solicitar prórrogas al plazo que establece la nueva norma para las instrucciones, de seis meses para procedimientos sencillos y de 18 para los complejos con posibilidad de ampliarlo hasta los 36.
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Y mágicamente todos los casos complicados (EREs, Gürtels, Urdangarines...) se malresolverán en 18 meses.