La causa en la que se investiga las presuntas irregularidades en once contratos valorados en 9,4 millones de euros durante la visita del Papa a València de empresas contratistas de la Generalitat, y que tiene como principal imputado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, ya tiene fecha de ‘caducidad’ en lo que a la instrucción judicial se refiere. Una fecha de ‘caducidad’ que afecta a la parte que permitiría a la Fiscalía solicitar nuevas diligencias.