La emergencia fue declarada con el “propósito de acelerar el fortalecimiento y asegurar la mejora de un nuevo sistema de gestión penitenciaria”, señala el decreto ejecutivo publicado en el diario oficial La Gaceta. Al menos una docena de personas, de ellos cuatro menores, han muerto durante motines registrados en cárceles de “máxima seguridad” y centros de internamiento para menores en los últimos dos meses.