El Consejo de Ministros ha acordado hoy recurrir ante el Constitucional el decreto andaluz que devolvió a estos trabajadores la jornada de 35 horas semanales, lo que supone, de facto, la paralización cautelar de la medida. Por ende, los empleados públicos andaluces pierden los derechos que la Junta les restableció al tiempo que peligran los 7.000 nuevos puestos de trabajo creados.