La Xunta de Galicia justifica la apertura de una investigación a los inspectores que denunciaron que cargos de la Consellería avisaban a las residencias antes de las visitas de inspección. Más allá de la posible represalia a los denunciantes, ¿realmente la Xunta pone sobre aviso a las residencias antes de que sus propios inspectores acudan, en teoría por sorpresa, para revisar si los ancianos están bien cuidados? La Xunta, cuando saltó la denuncia en agosto, lo negó.
Comentarios
Vaya vaya, abren los expedientes cua do salta la liebre. No Tengo pruebas pero tampoco dudas de que van a encontrar menos que en los correos de Mónica Oltra.
Debe ser una casualidad que nada tiene que ver con que haya o no una trama que implique a la Conselleira.
Es como querer asociar a Feijoó con narcotraficantes solo porque sea colega de uno de los más importantes
Igual debería existir una protección al funcionario que denuncia un mal funcionamiento de la administración, digo yo, ¿eh? Luego abrir una investigación para verificar si el funcionamiento es correcto o no y en caso de que el funcionario denuncie varias veces a mala fe, entonces sí, abrirle un expediente. Que parece que hacer bien las cosas sale caro...
#2 Y seguro que las denuncias fueron por algo: "Cuando el río suena, agua lleva".
Pero ya se sabe cómo se funciona en España, a base de sobornos y favores para hacer la vista gorda. Cuando pones a gestionar a políticos profesionales que únicamente están centrados en un lucro personal extractivo, pues lo lógico es que les interese que haya empresas e instituciones como estas que hagan las cosas mal y luego les paguen por debajo de la mesa para hacer la vista gorda.
Es un problema porque se vota a gestores que interesadamente ganan más dinero haciendo las cosas mal, y eso cuando no externalizan o privatizan a precios de chiste.
#2 pero es que precisamente si España fuera UN ESTADO DE DERECHO, intervendría la justicia de oficio y pondría a estos presuntos corruptos que proceden contra estos funcionarios bajo investigación.
El que no pase y que los funcionarios que denuncian estas corruptelas sean expedientados es signo de que ESPAÑA NO ES UN ESTADO DE DERECHO,