El actual Gobierno valenciano rompió un contrato con la empresa Ruck Consultancy, propiedad de los investigados Belén Reyero y Nicolás Figueras, que gestionaba el espacio lúdico de la Race Village que habían privatizado cuando dirigían la entidad pública Sociedad de Proyectos Temáticos (SPTCV). Figueras, exdirector de la SPTCV, y Reyero, asesora de Camps en la F1, han declarado esta semana ante la jueza que investiga las negociaciones del Gran Premio del circuito urbano de Valencia que terminó en ruina.