Los investigadores descubrieron que este grupo criminal contaba con el apoyo de una gestoría que era la encargada de falsificar tanto los contratos privados como de usurpar las identidades de los trabajadores. Esta gestoría realizaba este trabajo para que en caso de que fueran sorprendidos por alguna inspección de trabajo, darles de alta rápidamente en el régimen de la Seguridad Social, a fin de eludir posibles responsabilidades penales.