Estas instalaciones no contaban con las oportunas medidas de seguridad, lo que provocó los incendios en el año 2020. Se ha procedido a regularizar la situación de dichas instalaciones en un total de nueve parcelas, con el consiguiente perjuicio económico de las personas que de buena fe pagaron cantidades entre 8.000 y 12.000 euros por cada instalación. Los investigadores no descartan que se descubran nuevos datos.