Milagros aún guarda una foto enmarcada de la cocina de su casa ubicada en el edificio de once plantas IDERS, en Puerto de La Cruz, corazón turístico del norte de Tenerife. “De un día para otro, nos desalojaron” recuerda con angustia, aunque añade que siempre les prometieron que en un año y medio podrían volver. Era febrero de 1992 y, entonces, el Ayuntamiento se escudó en que el edificio estaba afectado por aluminosis y no reunía “las condiciones necesarias para considerarse habitable”. Han pasado más de 32 años desde aquel día y, ahora...
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La justticia y sus múltiples lagunas,que normalmente perjudica a los que no disponen de un Bufete de Abogados Vip.
#4 No la responsabilidad será de los propietarios o el constructor o el arquitecto. Pero tampoco he visto que diga la noticia que demandasen al constructor.
¿Dónde está la demanda a los primeros que deberían haber demandado? Y si dice que, como mínimo, hay estudios que dicen que se puede reparar y otros que es irreparable. También habrá una responsabilidad ahí.
Y también recordar que la capacidad de supervisión no significa tener responsabilidad.
Los vecinos, claro, intentarán pillar a un ente público (el ayuntamiento) que es quien tiene pasta. Pero estos son unos propietarios particulares, con un piso comprado a una empresa privada en un edificio que tiene un problema de habitabilidad.
Así que obviamente esto, salvo el certificado de habitabilidad o no, es algo que ni le va ni le viene al ayuntamiento. Es su problema.
#2 un edificio con un problema de habitabilidad que no era tanto como se dijo. Supongo que sería el Ayuntamiento el que hizo el estudio y los echó, porque no se dice quien hizo el estudio y los echó, y supongo que algo tendrá que ver, así como el constructor y el gobierno insular que hace las revisiones mientras se está construyendo el edificio. Pero la responsabilidad toda de los propietarios, claro.
Pues a estas alturas, lo mejor que pueden hacer es costear el derribo y llevarse los beneficios de la venta posterior del terreno. Aunque me da que una vez derribado, van a tardar otra década más en ponerse de acuerdo para vender el terreno.
Pero si no pueden acceder a todos los expedientes, no pueden iniciar la via penal, si es que hay indicios de pelotazo, y probablemente ya haya prescrito todo.
Qué lástima, coño. Pero fiarse de la administración pública, sabiendo cómo es y ha sido España con todo lo relativo a la construcción y la gestión del suelo, es pecar de inocente.
«pero insiste en que “ahora mismo, a la altura en la que está el expediente, o hacemos esto ahora o seguirá así hasta que se caiga y si se cae hay responsabilidades”.»
Y la responsabilidad dice que sería de los propietarios que no tuvieron nada que ver en el asunto y se libran de todas las responsabilidades el propio ayuntamiento que los desalojó y la empresa que lo construyó que, por cierto, no se menciona por ningún lado.
Hay una empresa de ingeniería encargada de inspeccionar toda la ferralla, el encofrado y la planchada, aunque después no controlen todo lo que deben, se fían del constructor.