En las semanas previas a las elecciones al parlamento europeo convocadas para el 25 de mayo de 2014, aproximadamente a 500.000 personas del Estado español se nos comunicó nuestra designación como miembros (titulares o suplentes) de las mesas electorales, con la consiguiente obligatoriedad de asistir bajo la amenaza de “pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses” si decidíamos no presentarnos.