Empecemos por lo obvio: un político en activo, alguien que tiene un cargo electo, no puede cobrar dinero de una empresa que tiene contratos con la administración. Nunca. Es un obvio, notorio, tóxico conflicto de interés. Parece mentira que uno tenga que decir estas cosas en voz alta a estas alturas, pero es algo que todos los políticos y cualquier persona, empresa, asesoría, despacho de abogados, ONG, asociación de vecinos o club de petanca que interactúa con un cargo público deben recordar absolutamente siempre.