El TSJ de Cataluña estima que las administraciones suizas emitieron certificados sobre el ex presidente del COI "cuyo crédito bordea (si no la integra de lleno) la absoluta inanidad”. Concluye que la Hacienda española no contó “con la más mínima colaboración de las autoridades suizas” tras las gestiones realizadas por asesores del Comité Olímpico Internacional.
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