El fondo social de 300 millones de euros fue aprobado el 17 de marzo para financiar gastos extraordinarios en servicios sociales durante la crisis de la COVID-19 y se repartió a las CCAA cuatro días después. El fondo no era solo para contratar personal para residencias: también para comprar EPIs, asistencia domiciliaria o atención para personas sin hogar. Según el Ministerio de Derechos Sociales, que dirige Pablo Iglesias, el 8 de mayo terminaron de transferir todo el fondo.