Me ha extrañado no verlo en ningún medio, pero hace pocas semanas la Sala de lo Social del TSJ de Madrid dictó la sentencia que podéis leer aquí www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/df3e529c854f7a18a0a8778d75 y que, desestimando el recurso de suplicación de Sergio Gregori, confirma la sentencia del Juzgado Social madrileño que desestimó su demanda contra Canal Red en la que instaba la extinción indemnizada de la relación laboral que les unía por grave incumplimiento empresarial (acoso laboral en este caso) ex art. 50 del Estatuto de los Trabajadores.

Básicamente, Sergio Gregori pedía que se declarase que había sufrido acoso laboral por parte de la dirección de la empresa (Pablo Iglesias, socio y administrador único de la misma) y por tal causa pedía que se declarara extinguida su relación laboral, con derecho a prestación por desempleo, cobro de indemnización por despido de 33 días de salario por año trabajado (y no sé si también pediría indemnización por daño moral, yo siempre lo hacía con mis clientes). El art. 50.1 c) del Estatuto de los Trabajadores habilita dicha extinción a instancia del trabajador cuando se pruebe que el empresario le ha sometido a un trato denigrante (puede ser acoso laboral, sexual...).

Como me he tirado 12 años redactando recursos de este tipo, me permito comentaros brevemente la sentencia:

Empecemos por los hechos probados. Son la clave en este tipo de casos. Nunca debes poner una demanda de acoso laboral si no tienes pruebas concluyentes de que el empresario te está humillando para hundirte moralmente. Pueden ser, entre otras cosas, insultos, órdenes al resto de compañeros para que no hablen contigo o condiciones de trabajo degradantes (forzarte a hacer funciones por debajo de tu categoría profesional para hacer ver que eres un inútil, o ponerte a trabajar en un cuartucho sin ventana mientras tus compañeros tienen despachos normales...). Probar esto suele ser difícil. Yo siempre recomendaba grabar conversaciones sin que el jefe lo sepa, reprochándole tales conductas para que reconociese su imposición y, además, que estaban motivadas por un ánimo malicioso. También sirven whatsapp, testigos...pero son pruebas menos fiables porque la gente no suele decir cosas comprometidas por ahí y los testigos pueden sufrir presiones. Y, por supuesto, si estás mal psicológicamente debes pedirte la baja para acreditar el daño moral que estás padeciendo y justificar la indemnización que pides al respecto (aunque hay otro criterio objetivo, el del importe de las sanciones que la LISOS impone por acoso laboral, que los jueces suelen acoger para calcular estas indemnizaciones).

Pues bien, Sergio no consiguió probar prácticamente nada. En los hechos probados (páginas 2 y 3 de la sentencia) solamente consta que era Director de Producción, que dirigía El Tablero, que Iglesias le redujo el número de días de presentación de El Tablero (ya sabéis que era su presentador) y Gregori dijo públicamente que le parecía bien, que posteriormente dejó de presentar el programa y pasó a ejercer funciones de redactor, que grabó diversas conversaciones cuyo contenido no debe de ser muy revelador porque la jueza no lo menciona, que habló por telegram con Iglesias sobre cuestiones profesionales, que le echaron de un chat de trabajo llamado "Equipo Canal Red" y le suprimieron una cuenta de correo en fecha desconocida, que le pusieron a parir desde cuentas de twitter hooligans de Podemos, que en enero de 2024 dijo a una compañera que quería que le despidieran y que está en una larga baja médica por temas psicológicos, calificada como enfermedad común y no como accidente laboral.

Estos hechos son insuficientes para acreditar un acoso laboral. Únicamente la reducción de funciones (le ponen de redactor teniendo la categoría profesional de Director de Producción) tiene cierta enjundia, y creo que le habría permitido extinguir su relación laboral por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, con derecho a paro y una indemnización de 20 días de salario por año trabajado. Pero para acreditar que es acoso hacen falta otros hechos adicionales que evidencien que Iglesias no le quitó de El Tablero por pérdida de confianza en su labor profesional o una redistribución legítima de funciones entre la plantilla, sino por una animadversión personal. Y ninguno de los hechos acreditados lo corrobora (aunque se pueda pensar que los hooligans tuiteros de Podemos atacan a quien manda la dirección del partido, si se quiere esgrimir tal dato en un juzgado hay que probarlo sin género de duda).

Precisamente por esa insuficiencia de hechos probados, Gregori pide en su recurso de suplicación añadir otros nuevos. Esto es muy complicado, y los TSJ sólo lo admiten cuando la redacción fáctica propuesta se basa en pruebas absolutamente incontrovertidas y trascendentes para resolver el litigio. Gregori pide en las páginas 3 a 5 las siguientes modificaciones: 1) que se añada un hecho que diga que los medios de comunicación publicaron noticias de que Iglesias le echó de El Tablero por criticar la falta de pluralidad del medio. Se lo rechazan por intrascendente. 2) que se añada otro hecho que diga que Iglesias felicitó públicamente a todos los empleados pero a él no. Se lo rechazan por intrascendente. 3) Que, aparte de los hooligans tuiteros de Podemos, diversos empleados y colaboradores de Canal Red le pusieron a parir incluso en comentarios que le dejaban colgados en sus redes sociales. Se lo rechazan por no basarse en pruebas concluyentes y ser susceptible de diversas interpretaciones.

Con estos mimbres, y manteniéndose inalterados los hechos probados, el TSJ considera acreditado que existían tensiones y conflictos en Canal Red, pero no una estrategia orquestada por Iglesias para hundir moralmente a Gregori a base de vejaciones laborales. Por ello no aprecia el acoso y desestima el recurso.

Ahora Gregori puede poner un recurso de casación para la unificación de doctrina en el Tribunal Supremo. Su viabilidad es absolutamente nula, pues exige aportar una sentencia de contraste donde un TSJ o el TS, con los mismos hechos probados, haya alcanzado una solución diferente. Evidentemente, en este caso, con unos hechos probados insuficientes para demostrar el acoso, el recurso es inviable. Ahora, cuando acabe su baja médica, Gregori tendrá que reincorporarse en Canal Red (o pedir la baja voluntaria sin derecho a paro), pues sigue siendo su empleado.

El pueblo ha perdido la confianza del gobierno, lo más sencillo es que el gobierno disuelva al pueblo y elija uno nuevo.

Bertolt Brecht.

En realidad, toda la izquierda y toda la derecha “respetables” comparten hoy la desconfianza instintiva ante el pueblo. El pueblo les ha defraudado. Demasiados referéndums fallidos (Dinamarca 1992, Francia 2005, Holanda 2005, Irlanda 2008, Holanda 2016, brexit 2016), demasiados gobiernos populistas por aquí y por allá, demasiadas sorpresas. La democracia está claramente sobrevalorada. Un circo donde crecen los enanos. Y Hitler llegó al poder tras unas elecciones, ¿no?...

“La gran paradoja de nuestras democracias modernas –escribe Jean-Claude Michéa– es que el pueblo ya no es considerado como la solución, sino como el problema. Que el término “populismo” –antes indisociable de las tradiciones revolucionarias más estimables– se haya convertido, desde hace más de treinta años, en la forma de designar el supremo crimen de pensamiento, dice mucho sobre la magnitud de la transformación ideológica en que vivimos” . Para la gobernanza ilustrada que nos dirige, ni el pueblo, ni las elecciones ni la democracia parecen ya fiables. ¿Qué hacer?

Adriano Erriguel

Sirva este artículo de homenaje a Pepe Orihuela, único rector de la Universidad de Murcia al que he votado desde que soy profesor de la institución (profesor asociado en aquellos tiempos) y que nunca me defraudó. Ahora toca hablar de los demás, a quienes nunca voté y que siempre me defraudaron.

Ayer me llegó al correo un comunicado de la Junta de PDI de la Universidad de Murcia (el Comité de Empresa de los profesores funcionarios de nuestra universidad). Paso a copiarlo:

LA JUNTA DE PDI DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA SOLICITA AL RECTOR QUE CONVOQUE ELECCIONES DE MANERA INMEDIATA

La Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Murcia desea reconocer el esfuerzo y la dedicación del Rector en el desempeño de un cargo tan exigente como la dirección de nuestra institución. A lo largo de estos años, su gestión ha estado marcada, como es natural en responsabilidades de esta envergadura, por aciertos y también por errores, y agradecemos el compromiso personal y profesional demostrado.

 Sin embargo, tras la confirmación pública del 19 de septiembre de su condición de Secretario General de la CROEM in pectore —reconocida por el propio Rector y por dicha entidad—, consideramos que concurre un conflicto de intereses, o al menos su apariencia, que puede comprometer la integridad institucional y la ética pública inherentes al cargo. Una situación de esta naturaleza resulta difícilmente compatible con la dirección de una universidad pública, que debe regirse por los principios de transparencia, independencia y dedicación exclusiva a la comunidad universitaria.

 Por todo ello, y en beneficio de la institución que compartimos y apreciamos, la Junta de PDI le solicita que convoque elecciones de forma inmediata, de manera que la Universidad de Murcia cuente con una dirección libre de cualquier posible conflicto de intereses y plenamente comprometida con su exclusiva responsabilidad universitaria.

Efectivamente. La CROEM (Confederación Empresarial de la Región de Murcia, esto es, la patronal que agrupa a las empresas murcianas) ha fichado como nuevo Secretario General a nuestro actual rector José Luján www.laverdad.es/murcia/croem-ficha-rector-umu-jose-lujan-nuevo-2025091 Y lo ha hecho público cuando aún le quedan bastantes meses de mandato como rector. El conflicto de intereses es obvio y la Junta de PDI (nada revolucionaria ni subversiva, sino "moderada" como ella sola) no ha tenido más remedio que pedir su dimisión.

El salto del rector de la Universidad de Murcia a entidades vinculadas a los centros de poder murcianos controlados por el PP (en el caso de la CROEM podríamos discutir si el PP la controla a ella o ella controla al PP, pero es indubitado que están a partir un piñón) no es nuevo, sino una tradición. Véase el ejemplo del rector Jose Antonio Cobacho, que compatibilizó con el sillón rectoral sendos cargos en el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (a propuesta del Gobierno regional) y de consejero en la caja de ahorros Cajamurcia, también a iniciativa de los mandamases peperos. Aparte de estos cargos, cuando Cobacho dejó el rectorado fue inmediatamente nombrado (a propuesta del Gobierno regional) presidente del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia murciaeconomia.com/archive/56420/sin-sorpresas-el-gobierno-propone-a-j

En el caso de Cobacho, yo llegué a promover una demanda ante la Sala de lo Contencioso del TSJ de Murcia para que se declarase su incompatibilidad por conflicto de intereses www.lavanguardia.com/local/20121226/54358327114/estudiantes-piden-el-c El TSJ la tramitó con extraordinaria lentitud y, al final, la archivó por pérdida sobrevenida de su objeto...porque durante ese largo periodo de tramitación a paso de tortuga Cobacho dejó de ser rector de la UMU.

Lamentablemente, es tradición desde hace lustros que el rector de la Universidad de Murcia tenga excelentes relaciones con el Gobierno autonómico, que dicho Gobierno le coloque o promocione para la obtención de otros altos cargos durante y después de su mandato. Y que, por supuesto, el rector no haga la menor crítica al Gobierno regional, no le demande ante los tribunales ni denuncie en prensa la precariedad que sufrimos por la falta de financiación pública, mientras la universidad privada UCAM, controlada por la secta de los kikos, no cesa de recibir prebendas públicas. Por eso siempre digo que Murcia, más que facha, es feudal-clientelar. El Gobierno regional se asegura el control de las instituciones mediante favores, clientelismo y persecución del disidente. Su máximo interés es colocar en la cúpula de esas instituciones públicas a personas amigas que lo serán más y más conforme vayan recibiendo recompensas.

Sólo hubo una excepción: Pepe Orihuela. Este profesor de la Facultad de Matemáticas plantó cara a Juan María Vázquez, candidato a rector avalado por el PP tras el fin del mandato de su querido Cobacho. Orihuela ganó por la mínima y a Vázquez, como no pudieron colocarlo de comisario político en la UMU, le hicieron diputado, senador y Secretario General de Ciencia e Innovación (y finalmente Consejero de Medio Ambiente, cargo que ostenta ahora mismo) es.wikipedia.org/wiki/Juan_María_Vázquez Y Orihuela fue el rector más decente e independiente que hemos tenido. Le hicieron la vida bastante imposible, y cuando su mandato acabó no optó a la reelección (y volvió a su cátedra de matemáticas, para él no había cargos-regalo ni tampoco los habría aceptado). Y retornamos al ciclo pepero que ojalá algún día podamos romper.

“El problema con el mundo es que la gente inteligente está llena de dudas, mientras que la gente estúpida está llena de certezas.” (Charles Bukowski.)