La crisis del coronavirus, por su tremenda incidencia en la salud de la población y sus consecuencias económicas derivadas, ha puesto de manifiesto que la “buena salud” es un activo social y económico prioritario. Es importante que esto, evidente para los observadores del sector sanitario, sea entendido por ciudadanos y políticos. Estos últimos, hasta ahora, percibían el dinero dedicado a la atención sanitaria y de la salud como un pozo insaciable de gasto, y no como un centro de beneficio social y económico.