La Fiscalía pide tres años de cárcel y el pago de más de medio millón de euros de multa a un acusado de no abonar las cotizaciones sociales de sus trabajadores a la Seguridad Social desde 2014 a 2017. Asimismo, solicita una indemnización a la Tesorería General de 167.000 euros por un delito de fraude.
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La justicia lenta no es justicia.