La Ley de Seguridad Privada, en vigor desde abril de 2014, cuyo principal objetivo es ir integrando la seguridad privada en la sociedad, se empezó a aplicar tan solo un mes y medio después. El Consejo de Ministros en mayo aprobó un contrato de 33,3 millones de euros a repartir en 2014 y 2015 para subcontratar hasta 800 vigilantes privados. Para llevarlo a cabo, el Gobierno se acoge al artículo 51.2 de la Ley de Seguridad Privada, amparándose en un reglamento que aún está pendiente de aprobarse.
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