El Ministerio de Consumo informó este martes que ha recibido una notificación del TRIS, órgano de vigilancia de la Comisión Europea que supervisa el espacio legislativo europeo, en el que le informa de que el proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades del Juego ha superado el trámite por vía de urgencia, tal y como se había solicitado desde el Gobierno de España. Ni la Comisión Europea, ni ninguno de los países miembros han realizado alegaciones al proyecto.
Comentarios
Casa de apuestas, donde todos pierden menos la casa. Si al menos fuera una casa de p..as, te llevas un polvo a cambio de tu dinero...en las apuestas no te llevas nada mas que la ruina...si es que hasta los camellos son mas honrados que las casa de apuestas, te dan algo a cambio
#1 Entiendo tu concepto y es bueno para que la gente pueda entenderlo. Pero apostar es una droga, y te llevas lo mismo que el que paga a una prostituta o el que le compra droga al camello.
Y teniendo en cuenta que, las casas de apuestas son igual de honradas que el camello o el dueño del burdel, el estado deberá ponerles todo el freno posible, y no darles apoyo como si fueran empresas o negocios que formen parte de la economía del país.
#2 Totalmente de acuerdo contigo, nada mas que añadir.
#5 lo ha bordado!
Bueno, durante la última prohibición se multiplicaron por doce las páginas de apuestas ilegales que no pagan impuestos en España, ni protegen al jugador y ni crean puestos de trabajo en España
Fijate los de Izquierda Unida, no tienen ni idea de gestión y lo echan todo a perder...oH wait!!!
Yo nunca entenderé lo del Juego.
Está claro que gana la empresa y pierden la mayor parte de los usuarios, pero es que además se genera una externalidad negativa, la ludopatía de un porcentaje de la población que supone, de una manera u otra, un sobrecoste a la sociedad y por qué no decirlo, al Estado (en forma de gastos sanitarios, ayudas familiares, etc, etc).
El Juego, en caso de ser legal (dejo el debate abierto), tendría que ser o bien un monopolio del Estado, o bien obligar a todas las empresas que operan en España a tener su sede fiscal aquí, y crujirlas a impuestos, tal como se hace con el tabaco y el alcohol.