de Gran Canaria, por un billete de ida y vuelta (idéntico en sus condiciones) por el que el residente canario haya pagado 100 euros, el no-residente habrá pagado 400 euros. Con independencia de su lugar de residencia, la aerolínea habrá ingresado 400 euros por cada viajero. En el caso del residente, los 300 euros restantes los pone el contribuyente. En el mismo vuelo, por otro residente que haya optado por una tarifa flexible de 200 euros, la aerolínea habrá ingresado 800 euros. Los 600 euros restantes van a cargo del contribuyente.
Comentarios
Esta subvención ad valorem del 75% del precio del billete (aplicable a cualquier vuelo nacional desde/a un territorio no peninsular) ha sido analizada recientemente por la CNMC (aquí), el Ministerio de Transportes y la AIReF (aquí). El interés por analizar esta política surgió tras el aumento del descuento desde el 50% al 75% en 2018 (desde 2017 para todos los vuelos interinsulares), y las quejas de los gobiernos canario y balear por las subidas de precios que se produjeron tras el aumento de la subvención. Una vez finalizados estos estudios, la conclusión del Gobierno es que se mantiene el mecanismo de subvención ad valorem vigente, a pesar de que la partida presupuestaria correspondiente pasó de 324 millones de euros anuales a 730 tras dos años de aplicación del 75% de subvención.
¿Por qué se subvenciona el precio de los vuelos a los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla? Supongamos que la lejanía, la fragmentación territorial, etc., así lo aconsejan, y que de esta manera se garantiza una conectividad aérea razonable a precios asequibles. Supongamos, además, que el mercado, a pesar de la alta densidad existente en la mayoría de las rutas afectadas, produce un equilibrio no deseable desde algún criterio social que damos por bueno.
No discutimos aquí el objetivo de la política. Lo tomamos como dado.
Si la evaluación económica realizada ha puesto en evidencia debilidades notorias en la implementación de la política pública descrita, proponiendo alternativas para su mejora, ¿por qué el Gobierno se resiste a tomarlas en consideración? Además de los equilibrios políticos que refuerzan el status quo, hay un elemento central, común a muchas otras políticas que implican gasto público: la existencia de dos niveles de gobierno (en el que el regional pide y el central financia). Este sistema de gobernanza genera incentivos perversos que conduce a un equilibrio similar al dilema del prisionero.
Otra de las razones que se han utilizado para defender la subvención ad valorem frente a la específica es que la primera es más sencilla en su aplicación.