El pensionista falleció el primer día de 2020, pero el funcionario que registró su muerte no actualizó el año y la anotó erróneamente a día 2 de enero de 2019. Al retirar los fondos, además, se generó un descubierto en la cuenta. «No nos informaron de nada ni preguntaron si los datos era correctos, y sólo fuimos conscientes de la retirada cuando el banco nos informó del enorme descubierto». La Seguridad Social les deriva ahora al Ministerio de Justicia ya que la responsabilidad en el registro erróneo de la fecha es de ese departamento.