El Ministerio de Sanidad pretende que las comunidades sólo garanticen la atención sanitaria normalizada a las personas inmigrantes en situación irregular cuyos ingresos familiares sean inferiores en cómputo anual al IPREM, es decir, que entre todos los miembros de la unidad familiar no ganen más de 533 euros al mes. El Gobierno, en su propuesta de hace unas semanas ya había adelantado que para recuperar este derechos los 'sin papeles' deberían acreditar que no disponen de recursos económicos suficientes.