Un juzgado de Tenerife investiga a un psicólogo por usar pruebas no homologadas para valorar a víctimas e imputados de violencia de género. Otra denuncia desvela la venta de informes psicológicos desde dentro de los mismos juzgados de Barcelona para satisfacer a clientes con posibles en lo que parece un asunto de corrupción.
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