Los directivos de la compañía, abandonaron el astillero escoltados por un centenar de policías antidisturbios. Entre los gritos de indignación de los trabajadores concentrados. Los astilleros públicos renuncian a fabricar el dique -requiere de una inversión de 170 millones de euros, pero daría ocupación a 900 trabajadores durante dos años- porque aseguran que la UE tumba esa posibilidad, al entender que la financiación necesaria sería considerada una ayuda de estado ilegal.