El gran vacío que ha dejado el Estado en cuanto al tratamiento a drogodependientes ha hecho que proliferen este tipo de centros, situados sobre todo en las zonas más pobres. Hay más de 50.000 por todo el país. El Gobierno de México, en base a su nueva política antidrogas, quiere inspeccionar y cerrar este tipo de espacios donde los internos reciben un trato inhumano.