El convenio firmado este jueves entre el Gobierno, un total de 33 entidades financieras, la FEMP y varias ONG recoge como primera opción que "las solicitudes de viviendas por los beneficiarios se dirigirán a la entidad de crédito titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya originado el desalojo de la vivienda habitual del solicitante". La asociación califica de humillante que el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy obligue a pasar por este trámite a aquéllos que, en muchos casos, todavía tienen que pagar por su vivienda embargada.