800 euros. Esto es lo que tendrá que pagar el Estado a una manifestante a la que un agente antidisturbios propinó un porrazo sin justificación alguna tras una manifestación el pasado 29 de septiembre de 2012, hace ya más de cinco años. Los golpes de los antidisturbios, que iban sin identificar, provocaron a la joven una brecha de seis centímetros en la cabeza, entre otras heridas. Ahora, tras cinco años de batalla legal, la manifestante ha conseguido que se reconozca que la Administración es responsable de la actuación del agente.
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Gracias. No me aparecía en el buscador.