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El crimen ambiental de “Repsol” ha contado, hasta ahora, con algunas complicidades. Y el derrame no habría sido de 6,000 sino de 16,000 barriles de crudo
El futuro de Repsol pinta color petróleo. El Poder Judicial deberá decidir hoy si dicta impedimento de salida del país para el ciudadano español Jaime Fernández-Cuesta Luca de Tena, máximo ejecutivo de la compañía ibérica en el país, y tres gerentes de la Refinería La Pampilla. A los cuatro se les imputa delitos que suponen hasta siete años de cárcel.
En la misma investigación fiscal se ha incluido a tres altas autoridades del gobierno: la jefa del OEFA, el presidente de Osinergmin y el vicealmirante a cargo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). A los tres funcionarios locales se les investiga por, presuntamente, no cumplir con su trabajo: fiscalizar a Repsol.
Ayer jueves el fiscal Alejandro Tapia inspeccionó el buque italiano “Mare Doricum” y revisó el sistema de descarga de crudo del terminal multiboya N° 2 de La Pampilla, donde se produjo el desastre ecológico que ya afectó 2,270 hectáreas, según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp). El tamaño casi equivale a los distritos de San Isidro, San Borja y Miraflores juntos.
Los otros tres ejecutivos de Repsol involucrados son Cecilia Posadas Jhong, gerente de calidad del Medio Ambiente; José Reyes Ruiz, gerente de Operaciones, y Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal N° 2 de Refinería La Pampilla.
Hay otras tres instituciones que también están investigando lo ocurrido la noche del sábado 15: la Marina, el OEFA y Osinergmin, coincidentemente los organismos cuyos jefes están comprendidos en la carpeta del fiscal. No cabe esperar grandes hallazgos en estos tres informes. Las instituciones tendrían que reconocer sus omisiones.
En la Marina la investigación avanza a paso de tortuga. El primer reporte saldrá, en el mejor de los casos, a mediados de febrero. Así lo reconoció a “Hildebrandt en sus trece” el comandante Jesús Menacho, vocero de la institución: “El plazo es de treinta días y se puede ampliar. Es una investigación para deslindar responsabilidades”, dice el comandante.
La investigación de la Marina está a cargo de la Dicapi, cuyo jefe es el vicealmirante César Colunge Pinto. Y las conclusiones podrían desencadenar sanciones económicas o la cancelación de licencias de circulación marítima.
Mañana sábado se cumplen dos semanas del derrame de petróleo y poco es lo que Osinergmin, supervisor de las inversiones privadas en energía y minería, ha investigado. Es más, Osinergmin, junto a Repsol, son los responsables del segundo derrame producido el martes 25. En medio de la investigación, Osinergmin pidió el retiro del PLEM (conector submarino de tuberías) para enviarlo a un laboratorio, lo que produjo que ocho barriles adicionales de petróleo y aceites fueran al mar.
Las omisiones de Osinergmin fueron determinantes para que el lunes 24 el fiscal Tapia interviniera las oficinas de la institución para recoger documentos de Repsol y La Pampilla. Hasta el cierre de esta edición, Osinergmin no había señalado, entre otras cosas, el tipo de petróleo que se derramó ni el lugar exacto de la fuga: la toma de la manguera del barco con la multiboya o el ducto en el fondo del mar.
Según especialistas consultados por “Hildebrandt en sus trece”, obtener una estimación certera de cuánto crudo se derramó no es muy complicado. La cifra se calcula con el tiempo de la fuga (20 minutos) por los 4,500 metros de tuberías que había entre el barco y los almacenes, y el diámetro de las mangueras (34 pulgadas).
Los especialistas también señalan que otra manera de saber la cantidad de petróleo derramado es restando a los 987,672 barriles que trajo el “Mare Doricum” la cantidad de combustible que entró a los depósitos de La Pampilla. Extraoficialmente, supervisores de Osinergmin han contado a esta revista que las primeras averiguaciones arrojan que no se trataría de 6 mil barriles, sino de una cifra que bordearía los 16 mil barriles. Diez mil barriles adicionales.
Lo que sí se sabe del combustible derramado en aguas chalacas es que es un petróleo que Repsol compró a Petrobras. Y que el barco salió del Atlántico a fines de diciembre y llegó al Callao el vienes 14 de enero. El “Mare Doricum” es una embarcación de tipo Suezmax, el tercero más grande en transporte de petróleo, cuya descarga toma dos días. Desde el domingo 16 el barco está con orden de inamovilidad y todavía carga en su “estómago” la tercera parte del petróleo que trajo desde Sao Paulo.
El Terminal N° 2 de La Pampilla está cerrado desde el martes 18, por disposición de Osinergmin. Fue una de las pocas acciones que sí ha tomado la institución dirigida por el ingeniero Juan Mendoza Gacon. La planta de Repsol tiene otros tres terminales, dos de diésel y uno de gasolina, que están operando con normalidad.
En el OEFA, la máxima autoridad ambiental, dan por hecho la aplicación a Repsol de la sanción máxima por contaminación ambiental: 30 mil UIT (S/ 138 millones). Sin embargo, antes de hacerla efectiva, esperan que Repsol cumpla con el cronograma de remediación que la misma empresa presentó. El miércoles último la empresa debió entregar al OEFA un documento identificando todas las zonas afectadas por el derrame, pero no lo hizo. Este incumplimiento sumó S/ 18 millones adicionales a la multa final.
La jefa del OEFA es la abogada Miriam Alegría Zevallos, quien está encargada del puesto desde el 2 de septiembre pasado. Alegría trabaja en el OEFA desde el 2016. El ministro del Ambiente Rubén Ramírez Mateo, su jefe directo, está a cargo de la cartera desde julio y antes fue abogado de las personas que invadieron, en abril del 2021, la zona de Lomo de Corvina en Villa El Salvador. Se desconoce si tiene experiencia en asuntos ambientales.
En el Ejecutivo, según ha podido conocer este semanario, la posición del gabinete sobre qué hacer con La Pampilla está dividida. El ministro Ramírez y la premier Mirtha Vásquez defienden la idea de “una sanción ejemplar” por el derrame. Pero Vásquez metió la pata al anunciar que se revisaría el contrato con Repsol.
La Pampilla no es una concesión sino una inversión privada que funciona con licencias otorgadas por los ministerios del Ambiente y Energía y Minas. Repsol es dueña de La Pampilla desde 1996, cuando el gobierno de Alberto Fujimori le vendió el 60 % de las acciones por una ganga: USD 180 millones. Y para 1999 ya tenía el 92 % de las acciones.
El testimonio determinante será el del capitán del “Mare Doricum”, el italiano Giacomo Pisani, quien el último martes entregó a las autoridades ambientales un paquete de cartas que le envió a Repsol antes, durante y después del derrame de crudo.
Son nueve cartas de protesta que permiten reconstruir qué pasó. Pisani da cuenta que Repsol no realizó un “operativo de buceo en la terminal para comprobar el estado de la manguera de carga flotante que provocó el derrame de crudo en agua de mar”.
El marino, quien tiene más de veinte años como capitán de buques petroleros, también escribió en sus cartas que la contaminación era de grandes proporciones. “El costado del barco de mi embarcación y todas las amarras atadas a las boyas de amarre están muy contaminadas por el petróleo”, admitió. El italiano, además, contó que el representante de Repsol se negó a firmar la recepción de sus cartas.
La apuesta de Repsol es insistir en que el derrame fue producto de oleajes anómalos. De manera indirecta estaría lanzándole el petróleo a la Marina, que no advirtió que el mar estaría movido. La otra estrategia sería minimizar el daño ambiental ocasionado. “Hildebrandt en sus trece” accedió al documento donde la petrolera española dice, ante Osinergmin y el OEFA, que el derrame fue de apenas 0.16 barriles (7 galones) y que el área afectada fue 2.5 metros cuadrados. Este documento queda como un emblema de la sinvergüencería empresarial.
Dos ejecutivos de la firma española reconocieron a este semanario que, ante la inminente sanción ambiental de 30 mil UIT (S/ 138 millones), la compañía ha empezado a elaborar la estrategia legal de las demandas civiles que, de aplicarse los estándares europeos, podrían terminar en indemnizaciones millonarias.
En el mundo el crimen ecológico de Repsol no ha pasado desapercibido. La ONU ha comunicado que enviará un equipo de expertos en técnicas nucleares en remediación ambiental. El actor de cine y activista Leonardo DiCaprio publicó en su cuenta de Instagram imágenes protestando por la contaminación en el mar de Ventanilla.
En España el presidente de la Comisión de Transición Ecológica de la Cámara de Diputados, Juan López de Uralde, envió el viernes 21 una carta al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. por la actitud poco empática que ha mostrado la compañía. La misiva no ha sido respondida.
“Lo de Repsol es una actitud de las empresas contaminadoras: intentar eludir la responsabilidad, escapar del pago que tendrán que hacer por los daños que han producido. Las justificaciones de Repsol no tienen ninguna solidez. La única explicación que encuentro es que tratan de poner las bases para su defensa jurídica. Eso es una irresponsabilidad. Lo que tienen que hacer es poner todos los medios para retirar el petróleo de las costas afectadas. Esconder la cabeza debajo del ala no es lo que se espera”, explica López de Uralde.
El diputado de Unidas Podemos está enviando también una carta al Gobierno español pidiendo un pronunciamiento claro, diferente al que hizo la embajada de España en Lima. En ese texto ni siquiera se atrevieron a mencionar el nombre de la empresa contaminadora.
“Estamos ante un caso que es un ecocidio, que, en el debate actual, es considerado como un crimen internacional. Por eso hemos mandado una carta al Gobierno para que se manifieste sobre este hecho en concreto. El Gobierno puede presionar a Repsol a asumir esa responsabilidad. Nada le beneficia a España este tipo de cuestiones”, dice el diputado López de Uralde.
El derrame ha ocasionado una crisis de imagen sin precedentes para Repsol. La matriz ha tenido que contratar a la compañía Llorente y Cuenca para que se encargue de asesorar a la sucursal en Lima en el manejo comunicacional y de relaciones públicas.
Repsol es un importante anunciante de los medios de comunicación. Después de Primax, Repsol, con 325 grifos, es la segunda cadena privada más importante del país. Tiene, además, acciones en otros negocios: 10 % de participación en el Consorcio Camisea, que explota los lotes 88 y 56; 50 % en el Lote 57, que está en fase de exploración.
Por el directorio de La Pampilla han pasado varios pesos pesados del país: Luis Carranza, Richard Webb o Élmer Cuba, por ejemplo. Hoy están Elena Conterno, exministra de la Producción y vocera de la Sociedad Nacional de Pesquería, y Caridad De la Puente Wiese.
Pese a que el negocio de refinado deja un margen de ganancia de entre 2 y 4 %, para Repsol, La Pampilla, que procesa alrededor del 55 % del crudo que se consume en el país, siempre le reportó buenos ingresos. En el 2019 la refinería facturó USD 3,550 millones, mientras que en el 2020, con la pandemia azotando el mundo, los ingresos bajaron a 1,922 millones de dólares. Si el OEFA le impone a La Pampilla la multa de 30 mil UIT, la sanción representará, como calculó el portal “Ojo Público”, apenas el 1,8 % de los ingresos del 2020.
Repsol, valorizada en 21,000 millones de euros, es una de las quince mayores empresas españolas. Tiene 25 mil empleados en todo el mundo, y su presidente, el catalán Antonio Brufau, tiene una remuneración anual de 2,5 millones de euros. Repsol es responsable del 0,3 % de emisiones de gases industriales en el mundo y en el 2020 fue la que más dióxido de carbono emitió en España.
Fundada en 1927 con el nombre de Compañía Arrendataria de Monopolio de Petróleos (CAMPSA), comenzó a privatizarse desde 1989 a través de las bolsas de valores de Nueva York y Madrid. Hoy los mayores accionistas de Repsol son firmas transnacionales: JP Morgan, el fondo BlackRock, la constructora Sacyr y el banco Santander.
A nivel de sanciones ambientales, según el portal “Convoca”, Repsol, entre el 2012 y 2021, registra cincuenta multas impuestas por el OEFA a las siete razones sociales con las que opera el grupo empresarial. Treinta y dos infracciones por multas que suman S/ 500,000, fueron impuestas a La Pampilla.
Una de esas sanciones se debió a un evento ocurrido el 4 de febrero del 2013, en playa Cavero, cuando se vaciaron 195 barriles de petróleo. En aquel entonces, Repsol, al igual que en el derrame del sábado 15, mintió y dijo que solo había sido un barril. La multa que se le impuso a la firma española fue de apenas 67 UIT (S/ 277,900).
Repsol ha contratado a tres empresas internacionales para que la asesoren en la remediación del derrame ambiental: la inglesa Environmental Resources Management, la brasileña Aiuká Consultoría Ambiental y la finlandesa Lamor Corporation.
Además, está trabajando con otras tres firmas locales que se encargan de los trabajos operativos: Ancor, Ambipar y Sea. Estas empresas están desplegadas a lo largo de las veinte playas ubicadas al norte de La Pampilla. Este largo trecho va desde playa Azul, el balneario más concurrido de Ventanilla, hasta Aucallama, en Huaral.
El domingo y martes último “Hildebrandt en sus trece” recorrió las playas contaminadas por Repsol. Las labores de limpieza son dirigidas por oficiales de la Marina. Ningún ejecutivo de Repsol estaba presente en la zona. El fuerte olor a petróleo todavía se percibía en playa Cavero.
Todo lo que las instituciones están gastando en la remediación está siendo cargado a la cuenta del Repsol. Sin embargo, debido a un vacío legal y anteriores resoluciones del Tribunal Fiscal, estos gastos son deducibles del impuesto a la renta.
“Esto ha venido ocurriendo en los derrames en nuestra Amazonía. De esa manera la empresa responsable del daño ambiental se ve beneficiada por deducción de la base impositiva y, al mismo tiempo, los gastos de reparación ambiental se trasladan en gran medida al Estado”, dice José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental.
El domingo 23 el petróleo que había llegado a la orilla fue recogido con cargadores frontales o baldes, y con toallas industriales trataban de limpiar las manchas de petróleo incrustadas en las piedras. Ese día en playa Cavero trabajaban cerca de 60 personas, a las que se sumaron 75 voluntarios de las Patrullas Ecológicas dirigidas por Julio Silva Delgado. Los voluntarios, en su mayoría jóvenes, reciben alimentos, equipos de protección y un certificado de participación.
Sobre la recuperación de la fauna, Yuri Hooker, coordinador del Laboratorio de Biología de la Universidad Cayetano Heredia, sostiene: “Hay investigaciones que dicen que, en lugares de mar abierto, con mucho oleaje y corriente, la recuperación y el regreso de la fauna demora de diez a quince años. Podría ser algo parecido a lo que tenemos en la zona”.