La propiedad de la Casa Cornide, de las estatuas del Maestro Mateo o las personas aún desaparecidas con la represión son algunas de las cuestiones pendientes más allá de la simbólica salida de los restos del Valle de los Caídos.
Ya están los rojos revanchistas y rencorosos queriendo reabrir viejas heridas que no tienen que ver nada con la actualidad. Que si dónde está enterrado mi padre, que si los bisnietos de Franco deberían devolver lo que su abuelo robó a sus víctimas asesinadas...
Despertó la atención incluso internacional, a los pocos días dejó de ser noticia y cinco meses después la pandemia convirtió en secundario todo lo demás. Pero este 24 de octubre hace un año que los restos de Francisco Franco salían del Valle de los Caídos, poniendo así fin a 44 años de exaltación de un dictador en un lugar propiedad de Patrimonio Nacional. Un año después desaparecieron las polémicas alrededor de la exhumación, pero el franquismo tiene aún numerosas cuentas pendientes en Galicia, desde la propiedad del Pazo de Meirás, la Casa Cornide y las estatuas del Maestro Mateo aún en poder de los herederos de Franco hasta las personas aún desaparecidas fruto de la represión de la dictadura.
Franco ya salió del Valle de los Caídos, pero aún queda proceso judicial por delante para que sus herederos salgan del Pazo de Meirás tras la sentencia del pasado 2 de septiembre con la que un juzgado de A Coruña estableció que el recinto es propiedad del Estado, ya que el dictador lo recibió como jefe del mismo. Esa resolución judicial reconoció el papel de los movimientos civiles y políticos de las últimas décadas para que los Franco no legalizaran su ocupación del pazo, pero como toda primera sentencia judicial puede ser recurrida, y así lo hicieron hace unos días los herederos, que vienen de presentar una apelación que ahora deberá resolver la Audiencia Provincial de A Coruña. Es un paso más del camino judicial que aún queda por delante para que se pueda ejecutar la sentencia y los Franco salgan del edificio en el que entraron hace ocho décadas.
Esas garantías procesales que permiten a los Franco recurrir contra la sentencia de Meirás no las tuvo Alexandre Bóveda cuando el 13 de agosto de 1936 fue condenado en un juicio sumarísimo y fusilado solo cuatro días después. Más de ocho décadas después del comienzo de la represión, el Gobierno central acaba de lanzar ahora un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática con el que ampliar la norma aprobada en 2007 para, entre otras cuestiones, anular las condenas del franquismo. No estará aprobada hasta el próximo año, pero el ejecutivo ya confirmó que Bóveda será uno de los desagraviados, “acreedor de la reparación moral con la que la democracia española honra los que injustamente padecieron persecución o violencia".
El nuevo texto prevé, entre otras cuestiones, la "revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honras institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios" concedidos por el régimen franquista, especialmente los que supongan "la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura". También incluye disposiciones destinadas a favorecer la búsqueda de los restos mortales de las personas asesinadas por el régimen franquista, que debe ser impulsada de manera proactiva por el Estado, con la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y un Censo Nacional de Víctimas. Una medida que contribuiría a acelerar y facilitar las complejas búsquedas de restos mortales que continúan de manera periódica en diversos puntos de Galicia.
Pero antes de que la nueva ley sea aprobada, los Franco tendrán que seguir acudiendo a los juzgados. Igual que el Estado de Derecho les permite a ellos recurrir contra la sentencia que les quitaría el pazo de Meirás, también permite a las administraciones públicas insistir en la vía judicial a pesar de resoluciones contrarias como la de la Audiencia Provincial de Madrid que, a finales del año pasado, avaló que las estatuas del Maestro Mateo sigan en poder de los herederos. Una vía judicial que el Ayuntamiento de A Coruña también quiere comenzar para la recuperación de la Casa Cornide, con la que los Franco se hicieron tras una subasta supuestamente arreglada.
Hace un año Franco salió del Valle de los Caídos, pero sus hechos en Galicia tardarán algo más en salir del ordenamiento jurídico o del paisaje del país.
Comentarios
Ya están los rojos revanchistas y rencorosos queriendo reabrir viejas heridas que no tienen que ver nada con la actualidad. Que si dónde está enterrado mi padre, que si los bisnietos de Franco deberían devolver lo que su abuelo robó a sus víctimas asesinadas...
#2 Esos y los otros. No hay mejor manera de pasar lista que un meneo así
Cuánto han medrado en octubre 
Despertó la atención incluso internacional, a los pocos días dejó de ser noticia y cinco meses después la pandemia convirtió en secundario todo lo demás. Pero este 24 de octubre hace un año que los restos de Francisco Franco salían del Valle de los Caídos, poniendo así fin a 44 años de exaltación de un dictador en un lugar propiedad de Patrimonio Nacional. Un año después desaparecieron las polémicas alrededor de la exhumación, pero el franquismo tiene aún numerosas cuentas pendientes en Galicia, desde la propiedad del Pazo de Meirás, la Casa Cornide y las estatuas del Maestro Mateo aún en poder de los herederos de Franco hasta las personas aún desaparecidas fruto de la represión de la dictadura.
Franco ya salió del Valle de los Caídos, pero aún queda proceso judicial por delante para que sus herederos salgan del Pazo de Meirás tras la sentencia del pasado 2 de septiembre con la que un juzgado de A Coruña estableció que el recinto es propiedad del Estado, ya que el dictador lo recibió como jefe del mismo. Esa resolución judicial reconoció el papel de los movimientos civiles y políticos de las últimas décadas para que los Franco no legalizaran su ocupación del pazo, pero como toda primera sentencia judicial puede ser recurrida, y así lo hicieron hace unos días los herederos, que vienen de presentar una apelación que ahora deberá resolver la Audiencia Provincial de A Coruña. Es un paso más del camino judicial que aún queda por delante para que se pueda ejecutar la sentencia y los Franco salgan del edificio en el que entraron hace ocho décadas.
Esas garantías procesales que permiten a los Franco recurrir contra la sentencia de Meirás no las tuvo Alexandre Bóveda cuando el 13 de agosto de 1936 fue condenado en un juicio sumarísimo y fusilado solo cuatro días después. Más de ocho décadas después del comienzo de la represión, el Gobierno central acaba de lanzar ahora un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática con el que ampliar la norma aprobada en 2007 para, entre otras cuestiones, anular las condenas del franquismo. No estará aprobada hasta el próximo año, pero el ejecutivo ya confirmó que Bóveda será uno de los desagraviados, “acreedor de la reparación moral con la que la democracia española honra los que injustamente padecieron persecución o violencia".
El nuevo texto prevé, entre otras cuestiones, la "revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honras institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios" concedidos por el régimen franquista, especialmente los que supongan "la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura". También incluye disposiciones destinadas a favorecer la búsqueda de los restos mortales de las personas asesinadas por el régimen franquista, que debe ser impulsada de manera proactiva por el Estado, con la creación de un Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, una Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura y un Censo Nacional de Víctimas. Una medida que contribuiría a acelerar y facilitar las complejas búsquedas de restos mortales que continúan de manera periódica en diversos puntos de Galicia.
Pero antes de que la nueva ley sea aprobada, los Franco tendrán que seguir acudiendo a los juzgados. Igual que el Estado de Derecho les permite a ellos recurrir contra la sentencia que les quitaría el pazo de Meirás, también permite a las administraciones públicas insistir en la vía judicial a pesar de resoluciones contrarias como la de la Audiencia Provincial de Madrid que, a finales del año pasado, avaló que las estatuas del Maestro Mateo sigan en poder de los herederos. Una vía judicial que el Ayuntamiento de A Coruña también quiere comenzar para la recuperación de la Casa Cornide, con la que los Franco se hicieron tras una subasta supuestamente arreglada.
Hace un año Franco salió del Valle de los Caídos, pero sus hechos en Galicia tardarán algo más en salir del ordenamiento jurídico o del paisaje del país.