La Unión Europea y Estados Unidos están negociando en secreto el acuerdo de libre comercio más importante de la historia. Una desclasificación reciente de documentos por parte del Consejo de la Unión Europea y de organizaciones sociales ha confirmado que el llamado TTIP permitirá que las grandes empresas puedan demandar los estados en tribunales privados si una ley afecta a sus intereses. El Estado español es uno de los que más están presionando para que se incluya este mecanismo de arbitraje internacional. TRADUCCIÓN: #1
Oficialmente conocida por Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) se convertirá en los próximos años en una de las grandes batallas sociales, económicas y políticas a ambos lados del Atlántico. El pasado 11 de octubre, miles de personas en las principales ciudades europeas, entre ellas Barcelona y Madrid, ya se manifestaron contra el tratado de libre comercio. Según la Comisión Europea, el acuerdo eliminará "los obstáculos comerciales en una amplia gama de sectores económicos para facilitar la compraventa de bienes y servicios". Los gobiernos europeos y estadounidense insisten en que con la eliminación de barreras en el ámbito aduanero eliminarán "pérdidas innecesarias de tiempo y de dinero" y se crearán "dos millones de puestos de trabajo".
El Ejecutivo de la Comisión Europea, presidido por Jean-Claude Juncker, afirma que será positivo para las empresas europeas y, por tanto, para el crecimiento y para la mejora de la economía de los estados. Particularmente en el momento actual, en que la amenaza de una tercera recesión se cierne sobre los Veintidós ocho, y Europa necesita inversión, sobre todo desde el sector privado. Sin embargo, el acuerdo Canadá -México - Estados Unidos (NAFTA) también prometía la creación de miles de puestos de trabajo, y no sólo no creó, sino que en destruyó cientos, tal como ha denunciado incluso el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz.
Las negociaciones, a pesar de las buenas palabras oficiales, han provocado desconfianza. Ya hay una campaña mundial contra el tratado y, en el caso catalán, la protesta se enmarca en la plataforma Cataluña No al Ttipia.
Querellas empresariales en tribunales privados
El Consejo de la UE desclasificar una serie de documentos secretos tras las continuas peticiones -incluyendo la Defensora del Pueblo Europeo- para poder conocer los detalles de las negociaciones del Ttipia. Los papeles confirman la intención de incluir una cláusula en el tratado que permitiría que las grandes empresas privadas europeas y estadounidenses puedan demandar un Estado si consideran que se ha puesto en peligro su inversión. Los litigios tendrían lugar en tribunales privados y que pagaría el demandado, es decir, el Estado miembro, y, por tanto, los contribuyentes.
El mecanismo, denominado Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, en inglés), es uno de los puntos calientes del futuro tratado. Un tecnicismo, pero de gran importancia. Aunque ya existe en muchos acuerdos comerciales bilaterales, ahora afectaría a todos los países de las dos regiones económicas y de mayor intercambio comercial del mundo. El ISDS conlleva que corporaciones privadas demanden los Estados miembros si creen que el Gobierno de un país ha tramitado una ley que atenta contra sus intereses inversores. Es decir, que la justicia nacional puede quedar en un segundo nivel.
El posicionamiento de la Comisión Europea sobre la negociación de la cláusula sobre los tribunales privados es todavía ambiguo. Por un lado, creen que es positiva, porque dará "seguridad" a los inversores. Por otro, el nuevo presidente de la CE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, recientemente afectado por el escándalo del LuxLeaks, asegura que el mecanismo no formaría parte del acuerdo si así lo decide el vicepresidente primero, Frans Timmermans. Pero, de nuevo, Juncker juega a la ambigüedad y recuerda que la UE no puede tomar decisiones por sí sola, porque se trata de un "acuerdo bilateral". Un lío que demuestra la falta de consenso en Bruselas y que, según el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, también denota "una presión" para que el mecanismo se mantenga. Como es habitual en el entramado institucional comunitario, la Comisión Europea puede tener una opinión, pero los estados, otra.
La Comisión Europea y el think tank German Marshall Fund creen, sin embargo, que es "erróneo" pensar que las empresas "constantemente demandarán los estados miembros". "Sólo es un mecanismo de protección", sostiene el analista Guillaume Xavier-Bender. Por el contrario, el portavoz de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, Pablo Sánchez, afirma que "es la existencia" de este mecanismo y la "posibilidad" de que exista que "es grave, poco ética y amoral".
España es el Estado que más presiona a favor
España es el país que más está presionando a los socios europeos para incluir tribunales privados en el acuerdo de libre comercio UE - Estados Unidos. Así lo confirman a CRÍTIC fuentes del Gobierno, fuentes comunitarias y Pia Eberhardt, investigadora y activista de la ONG Corporate Europe Observatory (CEO), que investiga el papel de los grupos de presión empresariales en la política comercial de la UE. Además, el sindicalista Pablo Sánchez, conocedor de las intrigas de Bruselas, defiende que el Gobierno de Mariano Rajoy es de los que más están trabajando para incluir la cláusula debido a las presiones de grandes empresas próximas al PP, que, con la caída de la construcción por la burbuja inmobiliaria en España, están ganando contratos en el otro lado del Atlántico.
Fuentes del Gobierno cercanas a las negociaciones consultadas por CRÍTIC no confirman las palabras de Sánchez, pero tampoco las desmienten. Admiten que hay ciertos sectores más favorecidos en el tratado con Estados Unidos, sobre todo aquellos que han notado más la crisis económica, pero creen que los resultados finales no se verán hasta que se firme el acuerdo. Estas fuentes gubernamentales afirman que con la existencia de este mecanismo el Estado demuestra en Estados Unidos "que no hay nada que esconder". A la pregunta de si no temen que una empresa demande España, Madrid cree que "ganaría la querella". También que la inclusión de arbitraje internacional sería "positiva" tanto para las empresas extranjeras como para las nacionales, y argumentan que apoyar la existencia de este mecanismo envía la señal de que España es un país abierto a la inversión.
En cambio, Alemania, pionera en incorporar la posibilidad de que empresas demandaran los estados en un acuerdo comercial, se opone frontalmente a la cláusula, porque ha visto la otra cara de la moneda. Sin embargo, es el país europeo que más incluye el arbitraje en sus Tratados de Libre Comercio, según recuerdan fuentes de la Comisión Europea. El problema alemán es que, recientemente, la compañía de energía sueca Vattenfall ha demandado Berlín para la eliminación gradual de las centrales nucleares en el país, tras el desastre de Fukushima. Es, además, el país que más tratados bilaterales tiene en el mundo. Según datos del Ejecutivo comunitario, tiene 131 actualmente. Debido a la demanda de Vattenfall, el Gobierno alemán ha tenido que hacer una provisión de 6,5 millones de euros para cubrir los gastos del pleito para su defensa. Según datos proporcionados por el Parlamento federal, el Bundestag, Berlín ha gastado 700.000 euros por el proceso; 2,2 millones de los presupuestos de 2014 están destinados al litigio, 2 millones para 2015 y 1,6 para el 2016. Dinero público para hacer frente a la demanda de una empresa de energía sueca. Alemania podría ganar el caso, pero también perderlo. Este es el ejemplo de la aseguradora sanitaria holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia, porque el país decidió paralizar el proceso de privatización de la sanidad.
75.000 grandes compañías, las más beneficiadas
Una investigación de la organización Public Citizen puso cifras: cerca de 75.000 compañías, bien de forma directa o indirecta, podrían "atacar" futuras legislaciones sobre salud, medio ambiente, seguridad y derechos laborales a través de demandas en tribunales arbitrarios, gracias al tratado de Libre Comercio UE - Estados Unidos. El analista Guillaume Xavier-Bender duda de que este sea el futuro si se adopta la cláusula, porque su diseño no está basado en demandar o influir en la legislación sino a "proteger a inversores" en casos, por ejemplo, de expropiación . "El Tratado de Libre Comercio es una maravillosa oportunidad para que las cosas se hagan de forma diferente", asegura, y cree que el acuerdo comercial no podría existir sin la posibilidad de que las empresas demanden los estados, porque sería una oportunidad "desaprovechada" para proteger las inversiones. Sin embargo, Bender admite que se debe incluir la sociedad civil en el proceso.
Pablo Sánchez, por el contrario, cree que habrá vía libre para las grandes compañías para utilizar la justicia por su "propio beneficio" con "tribunales privados" que pagaría el Estado miembro, por tanto, "a costa del contribuyente". Por ello considera que la creación de tribunales arbitrarios puede sustituirse por la justicia propia del Estado miembro. Por el otro lado, Bender argumenta que la calidad de los tribunales nacionales es "subjetiva" y, por ello, son necesarios los tribunales privados.
20 bufetes de abogados se quedan la mayoría de casos
Según un estudio de la organización Corporate Europe Observatory, la demanda entre estados para resolución de conflictos sobre inversiones es un negocio para los abogados, que llegan a ganar 1.000 dólares cada hora, aproximadamente unos 800 euros. Actualmente, 20 bufetes de abogados, sobre todo anglosajones, abarcan la gran mayoría de casos, según el CEO. Freshfields Bruckhaus Deringer (Reino Unido), White Case (Estados Unidos) y Kind & Spalding (Reino Unido) son los bufetes más importantes en el arbitraje y que más favorecidos se verían en un acuerdo UE - Estados Unidos, según Eberhardt, y que obtienen entre 1 y 2 millones de beneficios gracias al arbitraje. En España, los especialistas son Uría Menéndez, que asesora Iberdrola y Repsol, Gómez-Acebo & Pombo y Cremades & Asociados.
La mayoría de casos tienen lugar en tribunales ad hoc y llevados por tres representantes privados que cobran por hora. La institución más utilizada es el Centro Internacional para la Resolución de las Disputas sobre la Inversión (CIRD), con sede en Washington DC, un organismo que dep
O sea, nos quieren vender al mejor postor, que digo, a todos los postores y arruinarnos y hacer y deshacer a su gusto y capricho nuestras vidas. Ese es el ppsoe.
"tribunales privados" o el arbitraje de toda la vida... supongo q se refiere a eso. En ese caso, ya existen actualmente y se usan muchísimo en derecho internacional publico, privado o derecho mercantil.
Sabías que eso ya es asi? hasta para un accidente de coche la ley española especifica que se juzga en el país donde se produce, aunque los dos sean españoles. Y como eso, mil millones de cosas.
Incluso hay casos en que los jueces españoles están obligados a aplicar derecho no español, tal cual. En españa puedes ver sentencias aplicando el código civil mexicano. No es un drama, es normal en las relaciones jurídico-privadas y está bastante regulado. En las universidades españolas suele haber al menos dos asignaturas sobre este tipo de situaciones
Comentarios
TRADUCCIÓN: #1
Oficialmente conocida por Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) se convertirá en los próximos años en una de las grandes batallas sociales, económicas y políticas a ambos lados del Atlántico. El pasado 11 de octubre, miles de personas en las principales ciudades europeas, entre ellas Barcelona y Madrid, ya se manifestaron contra el tratado de libre comercio. Según la Comisión Europea, el acuerdo eliminará "los obstáculos comerciales en una amplia gama de sectores económicos para facilitar la compraventa de bienes y servicios". Los gobiernos europeos y estadounidense insisten en que con la eliminación de barreras en el ámbito aduanero eliminarán "pérdidas innecesarias de tiempo y de dinero" y se crearán "dos millones de puestos de trabajo".
El Ejecutivo de la Comisión Europea, presidido por Jean-Claude Juncker, afirma que será positivo para las empresas europeas y, por tanto, para el crecimiento y para la mejora de la economía de los estados. Particularmente en el momento actual, en que la amenaza de una tercera recesión se cierne sobre los Veintidós ocho, y Europa necesita inversión, sobre todo desde el sector privado. Sin embargo, el acuerdo Canadá -México - Estados Unidos (NAFTA) también prometía la creación de miles de puestos de trabajo, y no sólo no creó, sino que en destruyó cientos, tal como ha denunciado incluso el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz.
Las negociaciones, a pesar de las buenas palabras oficiales, han provocado desconfianza. Ya hay una campaña mundial contra el tratado y, en el caso catalán, la protesta se enmarca en la plataforma Cataluña No al Ttipia.
Querellas empresariales en tribunales privados
El Consejo de la UE desclasificar una serie de documentos secretos tras las continuas peticiones -incluyendo la Defensora del Pueblo Europeo- para poder conocer los detalles de las negociaciones del Ttipia. Los papeles confirman la intención de incluir una cláusula en el tratado que permitiría que las grandes empresas privadas europeas y estadounidenses puedan demandar un Estado si consideran que se ha puesto en peligro su inversión. Los litigios tendrían lugar en tribunales privados y que pagaría el demandado, es decir, el Estado miembro, y, por tanto, los contribuyentes.
El mecanismo, denominado Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, en inglés), es uno de los puntos calientes del futuro tratado. Un tecnicismo, pero de gran importancia. Aunque ya existe en muchos acuerdos comerciales bilaterales, ahora afectaría a todos los países de las dos regiones económicas y de mayor intercambio comercial del mundo. El ISDS conlleva que corporaciones privadas demanden los Estados miembros si creen que el Gobierno de un país ha tramitado una ley que atenta contra sus intereses inversores. Es decir, que la justicia nacional puede quedar en un segundo nivel.
El posicionamiento de la Comisión Europea sobre la negociación de la cláusula sobre los tribunales privados es todavía ambiguo. Por un lado, creen que es positiva, porque dará "seguridad" a los inversores. Por otro, el nuevo presidente de la CE, el luxemburgués Jean-Claude Juncker, recientemente afectado por el escándalo del LuxLeaks, asegura que el mecanismo no formaría parte del acuerdo si así lo decide el vicepresidente primero, Frans Timmermans. Pero, de nuevo, Juncker juega a la ambigüedad y recuerda que la UE no puede tomar decisiones por sí sola, porque se trata de un "acuerdo bilateral". Un lío que demuestra la falta de consenso en Bruselas y que, según el eurodiputado de ICV Ernest Urtasun, también denota "una presión" para que el mecanismo se mantenga. Como es habitual en el entramado institucional comunitario, la Comisión Europea puede tener una opinión, pero los estados, otra.
La Comisión Europea y el think tank German Marshall Fund creen, sin embargo, que es "erróneo" pensar que las empresas "constantemente demandarán los estados miembros". "Sólo es un mecanismo de protección", sostiene el analista Guillaume Xavier-Bender. Por el contrario, el portavoz de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, Pablo Sánchez, afirma que "es la existencia" de este mecanismo y la "posibilidad" de que exista que "es grave, poco ética y amoral".
España es el Estado que más presiona a favor
España es el país que más está presionando a los socios europeos para incluir tribunales privados en el acuerdo de libre comercio UE - Estados Unidos. Así lo confirman a CRÍTIC fuentes del Gobierno, fuentes comunitarias y Pia Eberhardt, investigadora y activista de la ONG Corporate Europe Observatory (CEO), que investiga el papel de los grupos de presión empresariales en la política comercial de la UE. Además, el sindicalista Pablo Sánchez, conocedor de las intrigas de Bruselas, defiende que el Gobierno de Mariano Rajoy es de los que más están trabajando para incluir la cláusula debido a las presiones de grandes empresas próximas al PP, que, con la caída de la construcción por la burbuja inmobiliaria en España, están ganando contratos en el otro lado del Atlántico.
Fuentes del Gobierno cercanas a las negociaciones consultadas por CRÍTIC no confirman las palabras de Sánchez, pero tampoco las desmienten. Admiten que hay ciertos sectores más favorecidos en el tratado con Estados Unidos, sobre todo aquellos que han notado más la crisis económica, pero creen que los resultados finales no se verán hasta que se firme el acuerdo. Estas fuentes gubernamentales afirman que con la existencia de este mecanismo el Estado demuestra en Estados Unidos "que no hay nada que esconder". A la pregunta de si no temen que una empresa demande España, Madrid cree que "ganaría la querella". También que la inclusión de arbitraje internacional sería "positiva" tanto para las empresas extranjeras como para las nacionales, y argumentan que apoyar la existencia de este mecanismo envía la señal de que España es un país abierto a la inversión.
En cambio, Alemania, pionera en incorporar la posibilidad de que empresas demandaran los estados en un acuerdo comercial, se opone frontalmente a la cláusula, porque ha visto la otra cara de la moneda. Sin embargo, es el país europeo que más incluye el arbitraje en sus Tratados de Libre Comercio, según recuerdan fuentes de la Comisión Europea. El problema alemán es que, recientemente, la compañía de energía sueca Vattenfall ha demandado Berlín para la eliminación gradual de las centrales nucleares en el país, tras el desastre de Fukushima. Es, además, el país que más tratados bilaterales tiene en el mundo. Según datos del Ejecutivo comunitario, tiene 131 actualmente. Debido a la demanda de Vattenfall, el Gobierno alemán ha tenido que hacer una provisión de 6,5 millones de euros para cubrir los gastos del pleito para su defensa. Según datos proporcionados por el Parlamento federal, el Bundestag, Berlín ha gastado 700.000 euros por el proceso; 2,2 millones de los presupuestos de 2014 están destinados al litigio, 2 millones para 2015 y 1,6 para el 2016. Dinero público para hacer frente a la demanda de una empresa de energía sueca. Alemania podría ganar el caso, pero también perderlo. Este es el ejemplo de la aseguradora sanitaria holandesa Achmea, que ganó 22 millones de euros contra Eslovaquia, porque el país decidió paralizar el proceso de privatización de la sanidad.
75.000 grandes compañías, las más beneficiadas
Una investigación de la organización Public Citizen puso cifras: cerca de 75.000 compañías, bien de forma directa o indirecta, podrían "atacar" futuras legislaciones sobre salud, medio ambiente, seguridad y derechos laborales a través de demandas en tribunales arbitrarios, gracias al tratado de Libre Comercio UE - Estados Unidos. El analista Guillaume Xavier-Bender duda de que este sea el futuro si se adopta la cláusula, porque su diseño no está basado en demandar o influir en la legislación sino a "proteger a inversores" en casos, por ejemplo, de expropiación . "El Tratado de Libre Comercio es una maravillosa oportunidad para que las cosas se hagan de forma diferente", asegura, y cree que el acuerdo comercial no podría existir sin la posibilidad de que las empresas demanden los estados, porque sería una oportunidad "desaprovechada" para proteger las inversiones. Sin embargo, Bender admite que se debe incluir la sociedad civil en el proceso.
Pablo Sánchez, por el contrario, cree que habrá vía libre para las grandes compañías para utilizar la justicia por su "propio beneficio" con "tribunales privados" que pagaría el Estado miembro, por tanto, "a costa del contribuyente". Por ello considera que la creación de tribunales arbitrarios puede sustituirse por la justicia propia del Estado miembro. Por el otro lado, Bender argumenta que la calidad de los tribunales nacionales es "subjetiva" y, por ello, son necesarios los tribunales privados.
20 bufetes de abogados se quedan la mayoría de casos
Según un estudio de la organización Corporate Europe Observatory, la demanda entre estados para resolución de conflictos sobre inversiones es un negocio para los abogados, que llegan a ganar 1.000 dólares cada hora, aproximadamente unos 800 euros. Actualmente, 20 bufetes de abogados, sobre todo anglosajones, abarcan la gran mayoría de casos, según el CEO. Freshfields Bruckhaus Deringer (Reino Unido), White Case (Estados Unidos) y Kind & Spalding (Reino Unido) son los bufetes más importantes en el arbitraje y que más favorecidos se verían en un acuerdo UE - Estados Unidos, según Eberhardt, y que obtienen entre 1 y 2 millones de beneficios gracias al arbitraje. En España, los especialistas son Uría Menéndez, que asesora Iberdrola y Repsol, Gómez-Acebo & Pombo y Cremades & Asociados.
La mayoría de casos tienen lugar en tribunales ad hoc y llevados por tres representantes privados que cobran por hora. La institución más utilizada es el Centro Internacional para la Resolución de las Disputas sobre la Inversión (CIRD), con sede en Washington DC, un organismo que dep
#0 Hay una diferencia entre "demandar a un Estado" y "demandar un Estado".
O sea, nos quieren vender al mejor postor, que digo, a todos los postores y arruinarnos y hacer y deshacer a su gusto y capricho nuestras vidas. Ese es el ppsoe.
"tribunales privados" o el arbitraje de toda la vida... supongo q se refiere a eso. En ese caso, ya existen actualmente y se usan muchísimo en derecho internacional publico, privado o derecho mercantil.
#4 se refiere a que la justicia se dirime fuera de tu país con leyes que tú no has votado.
#5 bienvenido al derecho internacional privado.
Sabías que eso ya es asi? hasta para un accidente de coche la ley española especifica que se juzga en el país donde se produce, aunque los dos sean españoles. Y como eso, mil millones de cosas.
Incluso hay casos en que los jueces españoles están obligados a aplicar derecho no español, tal cual. En españa puedes ver sentencias aplicando el código civil mexicano. No es un drama, es normal en las relaciones jurídico-privadas y está bastante regulado. En las universidades españolas suele haber al menos dos asignaturas sobre este tipo de situaciones
#6 nada que ver lo uno con lo otro. Yo soy torpe y no lo se explicar mejor, pero lo que se negocia en secreto ttip va un paso más allá.