Como consecuencia de las limitaciones y restricciones de libertades y derechos, derivadas de las medidas públicas contra la pandemia, actualmente existen infinidad de reclamaciones de indemnización por responsabilidad patrimonial pendientes de resolución por la administración autonómica y administración del Estado, algunas ya en trance judicial, lo que produce un goteo de sentencias de autos declarando la incompetencia, otros asumiéndola, y como no, algunas sentencias resolviendo sobre el fondo, de juzgados o Salas.