El magistrado pide ya 70.000 euros a Gabriel Rufián, Óscar López o Patxi López, últimos denunciados. El magistrado se querelló contra Rufiáan después de que éste sugiriera que trabajaba para el PP, dejando caer así que estaba perpetrando un delito que le convertía en un prevaricador. Peinado le reclamaba al político que rectificara en sede judicial o, de no hacerlo, presentaría contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle la cantidad señalada.

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La defensa de la mujer de Sánchez solicita que el juez recabe de Moncloa la identidad de esos asistentes "con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaron a cabo"

El juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, enviará a juicio la mujer de Pedro Sánchez por malversación de fondos públicos frente a un jurado popular, de igual manera que hará con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y con el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El jurado popular no es un invento reciente ni una excentricidad judicial. Lo recoge el artículo 125 de la Constitución y, desde 1995, lo regula la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. La idea es sencilla: que la ciudadanía tenga voz en l

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, decidió no acudir este sábado a la cita comunicada por el juez Juan Carlos Peinado, y acudió en su representación su abogado, Antonio Camacho. Tampoco lo hizo el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien también había sido llamado por el magistrado del Juzgado 41 de Madrid. Con ello, se acogieron a la Ley del Jurado y una circular aclaratoria de la Fiscalía de 1995, según informó elDiario.es.

El juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, ha empezado a emprender una cruzada contra periodistas que se han mostrado críticos con su actuación. Entre las personas a las que apunta el magistrado se encuentran informadores como Ernesto Ekaizer o Antón Losada, además de rostros pertenecientes a otros ámbitos como el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el ámbito de la política.

El magistrado retuerce hasta la saciedad el concepto de un delito muy grave para intentar inculpar a la mujer de Pedro Sánchez, y es que se basa en que la persona de confianza de Gómez fue contratada por La Moncloa y, en consecuencia, con dinero ciudadano; y que mientras operaba en este puesto escribió a directores de Reale para que la firma siguiera patrocinando la cátedra y otros másteres que Gómez impartía.