En agosto de 2020, la interventora del SAS bloqueó un contrato de emergencia de 29 millones por carecer de justificación. Dos meses después, el Consejo de Gobierno de Moreno aprobó suprimir el control previo a ese tipo de contratos, sin informe preceptivo y en una reunión verbal. El SAS siguió adjudicando a dedo durante cuatro años más, cuando la ley de emergencia pandémica ya estaba derogada. Tres causas judiciales abiertas, cuatro altos cargos acusándose mutuamente.

Maxwell Cremona, la consultora de calidad sanitaria de Alberto González Amador, redujo a la mitad sus ventas y contrató por primera vez personal en el ejercicio 2024, cuando trascendió el escándalo de fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las cuentas anuales de 2024 que la principal empresa de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid acaba de remitir al Registro Mercantil reflejan una drástica caída de las ventas de esta micropyme el pasado ejercicio: del 49,9%, hasta 944.836 euros.

Desde Presidencia del Congreso remarcan que Armengol "siempre ha dicho la verdad, por más que la ultraderecha quiera manipular". La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha archivado la querella interpuesta por Vox contra la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por supuestas irregularidades en los contratos de compra de mascarillas cuando era la presidenta balear al alegar que ya se investiga la adquisición de material sanitario en otros órganos judiciales.

Cita como imputada a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Gloria Carrasco, a quien compró por 500.000 euros una empresa como supuesta comisión a cambio de contratos con el gigante sanitario

Problemas para el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, en el ámbito sanitario. El caso del presunto fraccionamiento irregular de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por valor de 235 millones de euros llega al banquillo después de que la titular del juzgado de instrucción número 3 de Cádiz haya imputado a un alto cargo del organismo

El rol fundamental de muchos de esos 2,4 millones de funcionarios federales, además de costear las coberturas médicas y de mandar los cheques mensuales a los pensionistas, es cerciorarse de que esas 20 millones de personas que trabajan para los contratistas no se aprovechan del dinero público. Por eso, despedir a funcionarios puede ahorrar un poco de calderilla, pero abrir las puertas a que las aseguradoras sanitarias o las armamentistas esquilmen al contribuyente.

Los auditores pusieron bajo sospecha el gasto total del SAS en contratos menores -en cantidades inferiores a 15.000 o 30.000 euros- que llegó a sumar 234,5 millones de euros al final del ejercicio 2021. El próximo 2 de abril deberán prestar declaración ante la jueza Antonio Rodríguez Cunill y Joaquín Pavón Rendón, interventores provinciales del SAS en Cádiz; y el día 3 de abril lo harán dos jefas de servicio del mismo departamento, Beatriz Tallón Cáliz y María Jesús Correro Fernández.

La gestión sanitaria que está desarrollando el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla se encuentra bajo sospecha. La Fiscalía Anticorrupción investiga a tres gerentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) por su labor y el presidente de la Junta ha cesado a la interventora general, María Antonia González Pavón, que se atrevió a señalar el exceso de fraccionamiento de contratos millonarios, que pudo derivar en un beneficio para hospitales privados de 300 millones de euros. Ahora, al culebrón se suma de nuevo Bidafarma, donde trabaja su mujer.

Isabel Díaz Ayuso presume estas navidades de Sotillo de la Adrada, un pintoresco pueblo en Castilla y León que llenó titulares al conectarse con la presidenta de la Comunidad de Madrid y un contrato sanitario adjudicado a dedo en plena pandemia de la COVID-19. Además, el hermano de Ayuso cobró 280.000 euros de comisiones por la venta de estas mascarillas, lo que incrementó esta controversia.

Jesús Aguirre, presidente del Parlamento de Andalucía, mantiene congelada de momento una petición conjunta de PSOE, Por Andalucía y Adelante de celebrar un debate general en Pleno con propuestas de resolución sobre los contratos de emergencia que ahora investiga un juzgado de Sevilla. "La gravedad de los hechos requiere una explicación política del Consejo de Gobierno en sede parlamentaria", reclamaban los partidos de la oposición en el escrito.

González Amador pagó a una firma creada por Fernando Camino, el directivo que llevó a la pareja de Ayuso a Quirón, por patrocinar un velero y contrató "asesoramiento" a la empresa que acabó comprando al ejecutivo sanitario tras el pelotazo de 2 millones con las mascarillas

La gestión sanitaria de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía ha vuelto a ser denunciada y tachada de “vergonzosa trama” para “enriquecer a la privada y no para salvar vidas”. En concreto, ha sido la portavoz socialista de Salud, María Ángeles Prieto, días después de que la Justicia admita a trámite una denuncia del PSOE-A contra Moreno Bonilla por prevaricación y malversación, la que ha criticado los “vergonzosos” contratos sanitarios irregulares llevados a cabo por el Ejecutivo del popular.

La hermana del líder del PP, Micaela Núñez Feijóo, ocupa un puesto directivo en la empresa Eulen, especializada en servicios de seguridad, limpieza y sociosanitarios. Desde que Micaela ingresó a la compañía en 2003, las adjudicaciones de contratos a Eulen por parte de la Xunta de Galicia han crecido, sobre todo durante la presidencia de su hermano. Eloína Núñez Feijóo, prima de Feijóo, ha seguido una trayectoria similar. Tras la llegada de su primo a la presidencia de la Xunta en 2009, ascendió a puestos clave en el sistema sanitario gallego.

El PSOE-A ha denunciado que existen once informes “demoledores” que detectan irregularidades en los contratos de emergencia realizados por el SAS entre 2020 y 2021.

El centro público sanitario de referencia en la capital catalana enfrenta la época estival con unos 400 profesionales y 272 camas menos después de una campaña de "no renovaciones" de contratos temporales e incluso de cierre de plantas.

El gobierno de Castilla y León Castilla deja en manos de veterinarios privados no funcionarios el control de enfermedades de saneamiento ganadero. Las Cortes de Castilla y León han aprobado definitivamente, por lectura única un cambio en la normativa de sanidad animal que facultará a los profesionales veterinarios que obtengan una certificación a realizar inspecciones sanitarias oficiales. Estos veterinarios podrán ser contratados por ganaderos que puedan pagar este servicio si no quieren acogerse a las inspecciones de la Junta.

El Partido Popular, que impulsó la comisión del Senado que investiga las contrataciones de material sanitario por el caso Koldo, rechazó este martes hacer lo mismo en Galicia con las adjudicaciones durante la pandemia bajo los gobiernos de Alberto Núñez Feijóo. El portavoz de los populares, Alberto Pazos, desacreditó la propuesta de abrir una comisión en el Parlamento de Galicia para estudiar esos contratos y acusó al BNG, autor de la iniciativa, de "enlodar la política gallega". Los nacionalistas, a su juicio, "deliran", llegó a decir.

La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia ha citado para este lunes a la presidenta de la Cámara Baja y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, y a dos ex altos cargos de aquel Ejecutivo regional, que pagó 3,7 millones de euros a Soluciones de Gestión --la empresa de la 'trama Koldo'-- por sus mascarillas.