Pablo Alberto Ruiz denuncia que el partido ha hecho «oidos sordos» a su petición de apartar a las dos ediles investigadas por presunta prevaricación de 300000 euros en las fiestas de la localidad.

Al no pedir la compatibilidad para compaginar su sueldo exclusivo con sus actividades privadas al pleno, obligatoria según el instructor, la conducta del regidor fue “totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal”. El magistrado cree que Jácome era “consciente de la injusticia que podría generar esa situación y del grave daño que se le causaba a las arcas municipales'. Esta causa alcanzó la vía judicial tras la denuncia de un antiguo concejal.

La titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Badajoz, Paula Orosa Rico, ha sido inhabilitada durante 16 años por un delito continuado de prevaricación judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) considera probado que esta magistrada mantuvo bloqueados indebidamente los fondos de un hombre que había sido absuelto y no pudo acceder durante seis años a 42.000 euros de una cuenta bancaria que en un principio contenía 800.000, incluso en contra del criterio de la Audiencia Provincial.

La formación local del PSOE en el municipio murciano de Las Torres de Cotillas fue la encargada de interponer la denuncia a estas dos concejalas por posible prevaricación. Tras analizar la demanda, la jueza de Instrucción de Molina de Segura aprecia indicios suficientes para abrir una investigación al hallar en la contratación de las fiestas patronales de “características que permiten presumir la posible existencia de delito”.

"A un mismo proveedor, por ejemplo, se le pagó presuntamente más de 150.000 a través de once contratos menores", detalla el PSOE de la localidad murciana.

La citada denuncia señala que, de confirmarse los hechos descritos, podrían concurrir delitos como prevaricación administrativa, nombramientos ilegales y posible malversación de caudales públicos, además de responsabilidades de carácter contable. En este contexto, los denunciantes sostienen que determinadas actuaciones administrativas podrían haber sido utilizadas de forma irregular para mantener situaciones concretas dentro de la estructura organizativa

El TSJIB condena a la magistrada Isabel Poveda Bernal a dos años de inhabilitación por su actuación en un concurso de acreedores que determinó quién explotaba el conflictivo hotel Bahía Azul de s'Arenal. El tribunal considera demostrado que la entonces titular de un juzgado de lo Mercantil de Palma dictó dos providencias «manifiestamente injustas» y que, por tanto, prevaricó.

La denuncia apunta a la posible recolocación irregular de extrabajadores del Consorcio Valencia 2007 en el Puerto de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal

El foco de la investigación está puesto sobre la alcaldesa de València, María José Catalá (PP), dos concejalas de su equipo de Gobierno, Rocío Gil y Paula Llobet, la presidenta del Puerto de Valencia, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos.

El magistrado acuerda investigar presuntos delitos de malversación y prevaricación a raíz del viaje realizado por Javier Aureliano García en junio de 2025 a Madrid sufragado con fondos públicos....

Se le investiga en los tribunales por prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil lo señala como presunto cabecilla. El magnate de las renovables, Fernando Samper, ha presentado su dimisión como presidente ejecutivo del Grupo Forestalia, y sus funciones serán asumidas por su hijo, Ricardo Samper. Este movimiento se produce en plena ebullición de investigaciones a la compañía en los tribunales, donde se le asocia con diversas presuntas tramas criminales.

Abre diligencias y ordena a los Mossos iniciar las pesquisas sobre la tramitación de los permisos. La denuncia afecta a 3 cargos de Territorio e Industria de la Generalitat y a las empresas Solaria e Ignis. Los parques potencias ligeramente inferiores a los 50 MW, se llaman Volans 1 y 2, Juno 1 y 2, Rascon, Jilguero, Rabilargo y Rufete, todos con el apellido “Solar”. Ocupan 656 ha, suman casi 400 MW y van a evacuar la energía por la misma línea.

La Fiscalía de Barcelona ha pedido el sobreseimiento de la causa contra dos miembros del Comité de Ética Asistencial que autorizó la eutanasia a Noelia,la joven de 25 años que padecía una paraplejia y que finalmente recibió la muerte asistida el pasado jueves. La Fiscalía lo ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción número 20 de Barcelona, que investiga a ambos profesionales (un médico y una jurista) contra los que la Fundación Española de Abogados Cristianos presentó una querella por prevaricación y falsedad documental.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ha acordado la apertura de diligencias previas contra quien fue alcalde del municipio en 2023 y 2024, Julio Pérez

El chalet que el juez Juan Carlos Peinado disfruta en el municipio de La Adrada (Ávila) sigue sin escapar a la polémica. El último episodio controvertido respecto del inmueble se sitúa en su año de construcción, concretamente en el que aparece en la ficha del Catastro. El documento indica que fue en 2022 cuando se terminó la construcción de la vivienda, lo cual choca frontalmente con los datos oficiales y de los que este periódico, así como otros medios de comunicación, se han hecho eco todo este tiempo.

¿Hay abogados del Estado que por la mañana defienden al Estado en los tribunales y por la tarde con su despacho privado pleitean contra el Estado y le desangran económicamente? En uno de los capítulos del libro se cuenta el caso del abogado del Estado que defendía a Hacienda y trabajaba en negro para Afinsa, una de las mayores estafas de la historia reciente. Hay un caso muy sangrante, también, que es el de Enrique Arnaldo. Este señor hoy es el máximo representante de la derecha dentro del Tribunal Constitucional. ¿Esto es legal?

director Gerente de Asistencia Sanitaria de Soria y al responsable del Área de Servicios Generales y del Área Económica, en el marco de una investigación.

La Guardia Civil ha arrestado a los responsables de la gerencia de Asistencia Sanitaria de la Junta de Castilla y León en Soria, en el marco de una investigación por un presunto caso de prevaricación administrativa continuada.

Un juez de Getafe ha acordado imputar por un delito de prevaricación a Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y al que se investiga en diferentes juzgados por presuntamente participar en la elaboración de los conocidos como 'protocolos de la vergüenza', que habrían impedido derivar a ancianos desde las residencias a hospitales de la Comunidad de Madrid en la primera ola del COVID-19.

Esta entrevista, en la televisión malagueña TV101, es la primera que se realiza en una televisión española sobre el terrible caso de un depredador sexual. La historia está descrita en el documental "En el Nombre de Ellas" en emisión desde mayo de 2023 por Netflix España. En esta interesante y valiente entrevista podéis escuchar el testimonio de Myriam y Esti, dos de sus muchas víctimas, y la intervención de Margarita Ortiz-Tallo, Doctora en Psicología. La Asociación Con.Ciencia, cuyas profesionales Isabel Calvo y Margarita Ortiz-Tallo, llevan u

La operación Perserte investiga presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho y blanqueo vinculados a parques eólicos y fotovoltaicos en Teruel. La investigación que desde primera hora de este martes ha mantenido a la Guardia Civil en la sede de Forestalia en Zaragoza ha dado un salto cualitativo. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), a través de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), ha confirmado la desarticulación de una presunta trama de corrupción medioambiental relacionada con la tramitación de parq

José María González 'Kichi' ha sido procesado judicialmente por el papel de un asesor contratado por el gobierno local "sin sujeción a la legalidad". A raíz de la denuncia interpuesta por CCOO,también han sido procesados los exconcejales David Navarro y Laura Jiménez,otro asesor y el que fue contratado, por un presunto delito de prevaricación administrativa. El auto del juez asegura que lo hizo con "la finalidad de conferirle facultades no previstas en el ordenamiento jurídico, orillando las legítimas funciones de los funcionarios municipales"

El Ayuntamiento de Alicante ha informado de que 46 de las 140 viviendas públicas de la Playa de San Juan cuya adjudicación es objeto de investigación judicial carecen de personas empadronadas en ellas. sí lo ha trasladado este martes la portavoz municipal, Cristina Cutanda, del PP, con los datos obtenidos tras la inspección de la policía local a la promoción residencial Les Naus donde se han observado "indicios" de numerosas irregularidades