El gobierno de EEUU requisó la información contenida en las propias oficinas de Associated Press, consistente en dos meses de llamadas telefónicas de reporteros y editores, en un esfuerzo por apagar la fuente de información sobre un complot terrorista en Yemen. Esta acción sin precedentes ha sido calificada públicamente por el CEO de la empresa como inconstitucional y dañina para los ciudadanos al limitar el derecho a la información.
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