En su pueblo natal, un rancho rural de 500 habitantes en el Bajío michoacano del que emigró hace casi tres décadas, es prácticamente forastero y también –dice– una "presa fácil". Por ello, aunque ya pasaron cuatro meses desde que llegó como deportado de Estados Unidos, prefiere "aclimatarse". Y es que ahí el narco lo domina todo: sabe de las entradas y salidas del área, decide quién puede sembrar los campos, controla el precio de la canasta básica o fija el "derecho a piso" que se debe pagar por abrir una tienda en el pueblo.