El Tribunal Supremo ha confirmado el decreto que Álvaro García Ortiz firmó en diciembre del año pasado, como fiscal general del Estado, con el que impuso una sanción de 800 euros a una fiscal por la comisión de una infracción disciplinaria grave, consistente en la revelación de datos conocidos en ejercicio de su función, por haber facilitado un borrador de sentencia a un medio de comunicación. Después se lo filtró a 'El País', al margen del cauce regulado por las instrucciones internas de la Fiscalía de Barcelona, donde tenía destino y ejercía.
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