Una mujer ha sido condenada por tercera vez por acosar a hombres en Palma. La acusada, rumana de 44 años, aceptó ayer tres meses de cárcel tras declararse culpable en el juicio.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a un camarero que se negó a atender a dos clientes por su orientación sexual en un restaurante de Barcelona en 2022. El tribunal le inhabilita durante dos años, en el que no podrá ejercer ningún oficio relacionado con los hechos ni tampoco en el ámbito educativo, y deberá indemnizar a cada una de las denunciantes con 1.000€. Los hechos ocurrieron cuando una pareja pidió un café y el camarero se negó a servirlos alegando que no era posible en ese momento. Entonces pidieron dos zumos de melocotón y, cuan...

El auto de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra desmonta la pretendida falta de competencia del presidente de la Generalitat Valenciana para asumir el control de la catástrofe y señala que existen indicios penales en la voluntaria "ajenidad" de Mazón entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando asumió el mando en el Cecopi.

Absuelve al miembro del Comité Antifascista Lourinha que pronunció dichas palabras porque lejos de «encender» a su reducido público, este respondió con unos «aplausos respetuosos». La Audiencia contesta a Vox que, para que exista el delito de odio, la ofensa debe discriminar y claramente excluir a los miembros de un grupo por razones de raza, origen nacional, género, orientación o identidad sexual, enfermedad o discapacidad, ideología, religión o creencias, lo que no pasó en el acto de Vigo.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción que el Consejo General del Poder Judicial impuso a un juez en prácticas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Arganda del Rey por dos faltas muy graves (inobservancia del deber de abstención y abuso de su condición de juez) que cometió en relación con una fiscal con la que tuvo un desencuentro personal. La primera infracción que se le impuso fue por no abstenerse de participar en los juicios donde la fiscal a la que había denunciado tras una discusión, en la que la representante del Ministerio...

El accidente ocurrió el 23 de junio de 2025, cuando el religioso circulaba a 36 kilómetros por hora por una zona limitada a 30 km y atropelló a Yves Billaud en un paso de peatones. Tras el impacto, la víctima sufrió heridas graves y falleció días después en el hospital. El sacerdote, que nunca había tenido problemas con la justicia, dijo ante el tribunal: “No lo vi en absoluto. Fue el golpe lo que me alertó”

El Congreso debatirá y votará este martes si toma en consideración una proposición de ley del PNV que reclama suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y la capacidad del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la ejecución de sus resoluciones e inhabilitar a cargos públicos.

Los hechos se remontan a 2017 cuando un grupo de personas vertieron mensajes contra los menores en redes sociales. «Tenemos que organizarnos y hacer patrullas por barrios. Ya lo hicimos una vez y limpiar las calles de esta gentuza. Solo entienden la ley del estacazo», reza uno de los mensajes, según se lee en la sentencia. «Y pensar que éstos h.p. nos cuestan más de un millón de euros al año para nada y que pagamos con nuestros impuestos y encima roban y atracan a la mano que les da de comer estos lo único que merecen es meterlo en un pozo...»

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados.

ChatGPT animó a la demandante a reabrir su caso ya resuelto. La demandante despidió a su abogado, e incumpliendo el acuerdo judicial, empezó a inundar el expediente con demandas sin fundamento, y decenas de mociones y notificaciones que no cumplían ningún propósito legal o procesal, ChatGPT redactó esos documentos. La aseguradora afirmó haber invertido mucho tiempo y recursos, y acumulado honorarios sustanciales, respondiendo a las solicitudes. Y pide que se declare que OpenAI violó la ley sobre el ejercicio no autorizado de la abogacía

El partido político Iustitia Europa ha dirigido una comunicación formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que denuncia al presidente de los EEUU, Donald Trump; y su homólogo en Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en el contexto de la guerra contra Irán y en concreto, por el bombardeo sobre una escuela infantil iraní que mató a más de un centenar de niñas y el que segó la vida en Líbano de un sacerdote merorita.

Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región. A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia.

El exfiscal general del Estado recurre esta cantidad que asume íntegramente los 65.000 euros por la liquidación de gastos que elevó el letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, a los que suma el IVA

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros.

La Sala de lo Penal considera que la entidad y varios exdirectivos realizaron encargos ilegales entre 2004 y 2016

La ley, promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni y aprobada en mayo de 2025, busca reducir el volumen de solicitudes desde el extranjero, principalmente de Sudamérica, restringiendo la concesión automática a dos generaciones: hijos y nietos de ciudadanos nacidos en Italia. La medida surge en respuesta al incremento de solicitudes de nacionalidad italiana desde países como Argentina y Brasil.

Serán los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal los que participarán en la deliberación y el fallo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.

Los magistrados de la Sección Segunda han desestimado así el recurso de apelación de Hazte Oír

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que los correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, "recogen información oficial" y requerirlos, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, "no constituye una intromisión en la esfera privada".

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad interpuestos por la Abogacía General del Estado (en nombre del ex fiscal general Álvaro García Ortiz) y de la Fiscalía, contra su condena por un delito de revelación de secretos. Los magistrados de la Sala Segunda descartan que el fallo, que acarreó dos años de inhabilitación, descartan que se vulneraran, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años.