En cuanto a la responsabilidad civil reclamada por González Amador, por la que pedía una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, al ser objeto de las manifestaciones de diversos responsables políticos y medios periodísticos achacándole públicamente ser un defraudador fiscal, un delincuente confeso y expresiones similares, la resolución del tribunal afirma que la pareja de la presidenta madrileña no es "un estricto ciudadano anónimo, sino un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar".