Las dos magistradas firmantes del voto discrepante analizan y refutan en la sentencia uno por uno los argumentos de los cinco integrantes conservadores. Indican que los testimonios de los periodistas que afirmaron conocer el correo del 2 de febrero de 2024 "resultan creíbles, sin que el reconocimiento del derecho al secreto profesional lleve aparejado que deba restárseles credibilidad". Además, añaden que las pruebas que estos periodistas aportaron en el juicio refuerzan la fiabilidad de sus testimonios.

En cuanto a la responsabilidad civil reclamada por González Amador, por la que pedía una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, al ser objeto de las manifestaciones de diversos responsables políticos y medios periodísticos achacándole públicamente ser un defraudador fiscal, un delincuente confeso y expresiones similares, la resolución del tribunal afirma que la pareja de la presidenta madrileña no es "un estricto ciudadano anónimo, sino un personaje con notoriedad pública, aunque sea a su pesar".