El Congreso debatirá y votará este martes si toma en consideración una proposición de ley del PNV que reclama suprimir el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y la capacidad del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la ejecución de sus resoluciones e inhabilitar a cargos públicos.

Los hechos se remontan a 2017 cuando un grupo de personas vertieron mensajes contra los menores en redes sociales. «Tenemos que organizarnos y hacer patrullas por barrios. Ya lo hicimos una vez y limpiar las calles de esta gentuza. Solo entienden la ley del estacazo», reza uno de los mensajes, según se lee en la sentencia. «Y pensar que éstos h.p. nos cuestan más de un millón de euros al año para nada y que pagamos con nuestros impuestos y encima roban y atracan a la mano que les da de comer estos lo único que merecen es meterlo en un pozo...»

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por la publicación de las conversaciones privadas que fueron intervenidas al ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez en el marco de la 'operación Kitchen'.

Un fabricante de dispositivos intrauterinos (diu), Eurogine SL, argumentó que si una mujer de Vigo usó un producto defectuoso y se quedó embarazada sin haberlo programado, ella pudo haber recurrido voluntariamente al aborto y no lo hizo. Sin embargo, la Audiencia en Vigo ordena pagar 60.000 euros por el embarazo no programado porque lo que se ha visto afectado es el derecho de la familia a planificar su número de hijos. La perjudicada se había colocado un diu en la sanidad pública en el 2017 e hizo controles periódicos sin incidencias. En el...

la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados.

ChatGPT animó a la demandante a reabrir su caso ya resuelto. La demandante despidió a su abogado, e incumpliendo el acuerdo judicial, empezó a inundar el expediente con demandas sin fundamento, y decenas de mociones y notificaciones que no cumplían ningún propósito legal o procesal, ChatGPT redactó esos documentos. La aseguradora afirmó haber invertido mucho tiempo y recursos, y acumulado honorarios sustanciales, respondiendo a las solicitudes. Y pide que se declare que OpenAI violó la ley sobre el ejercicio no autorizado de la abogacía

El partido político Iustitia Europa ha dirigido una comunicación formal a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la que denuncia al presidente de los EEUU, Donald Trump; y su homólogo en Israel, Benjamin Netanyahu, por crímenes de guerra en el contexto de la guerra contra Irán y en concreto, por el bombardeo sobre una escuela infantil iraní que mató a más de un centenar de niñas y el que segó la vida en Líbano de un sacerdote merorita.

Se abre un nuevo escenario en el caso residencias de la Comunidad de Madrid, que seis años atrás dejó uno de los capítulos más oscuros de la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la región. A su nombre se suma como señalados el del ex consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, o el ideólogo y firmante de los bautizados como protocolos de la vergüenza -Francisco Javier Martínez Peromingo y Carlos Mur-, que evitaron la atención sanitaria de los internos en lo peor de la pandemia.

El exfiscal general del Estado recurre esta cantidad que asume íntegramente los 65.000 euros por la liquidación de gastos que elevó el letrado, Gabriel Rodríguez Ramos, a los que suma el IVA

Álvaro García Ortiz ha recurrido la decisión del Tribunal Supremo de fijar en 79.942,70 euros los honorarios del abogado del empresario Alberto González Amador que debe abonar en virtud de su condena. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa del ex fiscal general del Estado argumenta que la cifra es “manifiestamente desproporcionada” y propone reducirla a 4.240 euros.

La Sala de lo Penal considera que la entidad y varios exdirectivos realizaron encargos ilegales entre 2004 y 2016

La ley, promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni y aprobada en mayo de 2025, busca reducir el volumen de solicitudes desde el extranjero, principalmente de Sudamérica, restringiendo la concesión automática a dos generaciones: hijos y nietos de ciudadanos nacidos en Italia. La medida surge en respuesta al incremento de solicitudes de nacionalidad italiana desde países como Argentina y Brasil.

Serán los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal los que participarán en la deliberación y el fallo. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Manuel Baeza, Pía Calderón (ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.

Los magistrados de la Sección Segunda han desestimado así el recurso de apelación de Hazte Oír

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado que los correos electrónicos intercambiados entre Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), con Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, "recogen información oficial" y requerirlos, como hizo el juez Juan Carlos Peinado, "no constituye una intromisión en la esfera privada".

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años.

El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad interpuestos por la Abogacía General del Estado (en nombre del ex fiscal general Álvaro García Ortiz) y de la Fiscalía, contra su condena por un delito de revelación de secretos. Los magistrados de la Sala Segunda descartan que el fallo, que acarreó dos años de inhabilitación, descartan que se vulneraran, entre otros, su derecho a la tutela judicial efectiva o a la presunción de inocencia.