La ley, promovida por el Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni y aprobada en mayo de 2025, busca reducir el volumen de solicitudes desde el extranjero, principalmente de Sudamérica, restringiendo la concesión automática a dos generaciones: hijos y nietos de ciudadanos nacidos en Italia. La medida surge en respuesta al incremento de solicitudes de nacionalidad italiana desde países como Argentina y Brasil.
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