Anarquismo y República en España – Daniel Pinós

¿Ha existido alguna vez allí una «República social y libertaria»?

«Ha llegado el momento de darse cuenta de si los anarquistas están en el gobierno para ser las vestales de un fuego a punto de extinguirse, o si están ahora sólo para servir de gorro frigio a los políticos que coquetean con el enemigo o con las fuerzas de la restauración de la «República de todas las clases». El dilema de guerra o revolución ya no tiene sentido. El único dilema es éste: o la victoria sobre Franco mediante la guerra revolucionaria o la derrota».

Carta abierta del anarquista italiano Camilo Berneri a Federica Montseny, Ministra de Sanidad anarquista (1937).

El 24 de agosto de 2020, en presencia de Anne Hidalgo, alcaldesa de París, y de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno español, tuvo lugar en el Ayuntamiento de París la ceremonia que cada año organiza la Asociación 24 de agosto de 1944 en honor de los combatientes españoles de la Nueve que liberaron París. Nos dimos cuenta de que el público fue cuidadosamente elegido para la ocasión. No hubo presencia, como en años anteriores, de las banderas negras y rojas de la CNT. Sólo una bandera, la de la República Española, ondeaba al viento.

En su discurso, el representante de la Asociación 24 de Agosto de 1944 insistió en la necesidad de acabar con la monarquía y restablecer la república en España. En esta ocasión, hablando de la Segunda República de 1936 a 1939, acuñó el concepto de «república social y libertaria».

Ningún libro, ninguna biografía, ningún historiador se ha atrevido a referirse a esta república «social y libertaria» hasta hoy. La pregunta es ¿por qué hoy una asociación formada por una gran mayoría de militantes anarquistas, que colabora con el gobierno español y recibe sus subvenciones, se posiciona de repente a favor de un cambio de régimen, dentro del marco institucional, y desea volver a un régimen republicano en España?. Cabe preguntarse por este cambio de opinión, cuando esta asociación había dejado claro en sus estatutos, desde el principio, su deseo de seguir siendo independiente y no aceptar el control de ningún partido o gobierno. ¿Por qué una asociación formada por militantes anarquistas se convierte en una asociación «republicanista», rompiendo así con la posición de los anarquistas españoles desde finales del siglo XIX?

¿Fue puro oportunismo político por parte de unas personas que ahora están siendo cuestionadas por muchas asociaciones recordatorias de Francia y España por su proximidad al Partido Socialista Español? ¿Fue una declaración de independencia del Partido Socialista, que firmó el Pacto de la Moncloa en 1977 (con todas las fuerzas políticas de la época, desde la Falange hasta el Partido Comunista)? Un pacto de legislatura que iba a restablecer la monarquía, tras 40 años de dictadura fascista, y a acabar, mediante una ley de amnistía, con cualquier posibilidad de enjuiciar a los asesinos y perseguidores de millones de españoles durante y después de la guerra?

Esta «república social y libertaria» nunca existió. Para aclarar esta cuestión sobre el anarquismo y la república en España, he aquí algunas reflexiones.

El concepto de república, aunque de innegable importancia histórica, no está tan claro hoy en día. En principio, es lo contrario de la monarquía, es el equivalente a la democracia, en el sentido de que la gestión del Estado se considera algo que pertenece a todos los ciudadanos. Más adelante veremos la falacia de tal pregunta desde la perspectiva de los libertarios españoles. La realidad es que, a lo largo del tiempo, el concepto de república ha abarcado todo tipo de sistemas autoritarios en los que a veces ni siquiera se garantizaba la democracia electiva. En cuanto a la monarquía, no debería ser necesario señalar que es intolerable para cualquier persona con un mínimo sentido de la democracia, ya que es la forma más elevada de aristocracia familiar, un vestigio intolerable del pasado que, sin embargo, se muestra actualmente en algunos países como una mera clase parasitaria que se digna a aceptar una democracia formal. Hoy en día, cualquiera de las dos formas de Estado, monarquía o república, enmascara una forma de dominación utilizando la ilusión de la democracia representativa.

Los anarquistas, desde principios del siglo XIX, denunciaron muy pronto la mentira democrática que podía suponer la llegada de la república. Así, la breve Primera República Española (1873-1874) encubrió en muchos casos nuevas formas de dominación y el sufrimiento de la clase obrera. Rápidamente, los partidos republicanos se adaptaron a la nueva situación y no hicieron nada para cambiar el orden establecido, como denunciaban los libertarios. En algunas regiones, el pueblo y sus sindicatos, agotada su paciencia, intentaron poner en práctica las promesas incumplidas de sus dirigentes y se repartieron las tierras abandonadas de los latifundios [1].

Ni que decir tiene que el gobierno restableció el orden con los mismos medios que antes y los problemas sociales permanecieron intactos. El periodo anterior a la proclamación de la república supuso unas condiciones insoportables para la clase obrera (falta de trabajo, salarios insuficientes, desnutrición, trabajo infantil, acoso a las mujeres, etc.), lo que provocó numerosos disturbios en todo el país y una crisis política que terminó con la abdicación del rey Amadeo de Saboya y la proclamación del nuevo régimen. Los internacionalistas españoles, organizados en la Federación Regional Española (FRE) [2], el núcleo original del anarquismo español, reconocieron el inesperado cambio en el mundo político, pero advirtieron que «la república es el último bastión de la burguesía».

Era necesario, según los anarquistas, acabar con toda dominación y avanzar hacia una «federación universal libre de asociaciones obreras, agrícolas e industriales libres». La revolución de 1868, conocida como La Gloriosa [3], que derrocó a Isabel II e inició el llamado sexenio «democrático», puede considerarse ya un punto de inflexión para el anarquismo español. En ese momento, el internacionalismo bakuninista arraigó en una clase obrera que anteriormente había mostrado cierta simpatía por el republicanismo federal.

Los anarquistas adoptaron una estrategia coherente, con tres puntos fundamentales: la ruptura con los partidos políticos, la desilusión definitiva con el sistema republicano y el rechazo a participar en las elecciones. Cabe mencionar el episodio de la «insurrección cantonal», no apoyada oficialmente por la Federación Regional Española, sino por algunos internacionalistas que, según el anarquista Max Nettlau, lo hicieron para debilitar al Estado. Se apoyaron en las ideas federalistas creando regiones autónomas donde el cambio social sería más fácil de conseguir.

El breve episodio de la Primera República en España tuvo un triste final, tras los levantamientos cantonalistas, cuando las autoridades republicanas, en connivencia con la burguesía, llevaron a cabo una despiadada represión contra las sociedades obreras. La persecución fue llevada a cabo por los militares monárquicos que habían servido bajo el régimen anterior. Fue de tal magnitud que muchas federaciones locales de la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) desaparecieron.

El golpe de Estado del general Pavía, optando por la restauración monárquica, puso fin a un régimen republicano que no había logrado una constitución federal. Este régimen no cumplió las promesas hechas al pueblo, pero tampoco satisfizo plenamente a la burguesía, que se encerró en una defensa pura y dura del orden establecido. Este era el análisis de los anarquistas que rechazaban cualquier forma de Estado.

A pesar del aumento de la represión, las asociaciones de trabajadores continuaron sus actividades de forma clandestina.

Retrocedamos en el tiempo y hablemos de la Segunda República. Hay que decir que a partir de 1917, los trabajadores, hartos de las élites dirigentes, incapaces de llevar a cabo las reformas prometidas, decidieron pasar a la acción mediante una larga serie de huelgas. Siguieron el declive de la restauración monárquica, un sistema dirigido por un monarca con más implicación política de la que parecía. Esta crisis llevó a las élites dominantes a instaurar una monarquía sin democracia, la dictadura de Primo de Rivera [4], que se inició en septiembre de 1923 con el apoyo de la familia real de Alfonso XIII, la Iglesia y la burguesía -y con la complicidad, que no suele destacarse en la memoria histórica, de los socialistas.

Sólo los anarcosindicalistas se opusieron al golpe militar, junto con algunos estudiantes e intelectuales del mundo académico, algunos oficiales del ejército y algunos pequeños partidos marxistas. La dictadura de Primo de Rivera, por su incapacidad para hacer frente a la crisis nacional, se derrumbó finalmente a principios de 1930 y dio lugar, quince meses después, al nacimiento de la Segunda República.

La Segunda República

En 1931 se proclamó en España la Segunda República, que también despertó las esperanzas de los trabajadores, pero pronto se vio que el nuevo régimen no era nada revolucionario. El propio movimiento libertario no recibió esta república con entusiasmo, pero tampoco la combatió, su objetivo era claro: la amnistía de los presos políticos (entre ellos muchos anarquistas) y, parafraseando a Buenaventura Durruti, establecer «un proceso de socialización democrática». Por lo tanto, la república sólo puede considerarse un punto de partida. Había surgido de una dictadura, por lo que era lógico que respondiera a algunas de las demandas de los trabajadores que el autoritarismo de un régimen reaccionario había ignorado o reprimido.

Además, otras cuestiones delicadas, como la reforma militar, el estatuto económico, la liberalización de la educación o la reforma agraria, eran controvertidas y no podían o no querían ser tratadas por los nuevos dirigentes, lo que fue inmediatamente evidente para la clase obrera y el campesinado. Para ellos, el nuevo régimen republicano no respondería a sus aspiraciones. Las reivindicaciones económicas y el malestar social no tardaron en llegar, y el gobierno republicano no dudó en recurrir de nuevo a la represión.

Los anarquistas y anarcosindicalistas habían acogido la república con reservas. En junio de 1931, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) reunió a cientos de delegados en Madrid para advertir de una nueva represión que el régimen republicano se vería tentado a utilizar. La CNT estableció un programa mínimo de solidaridad con las masas campesinas y obreras, un programa de colectivización de la tierra y las fábricas y de todos los medios de producción. El movimiento anarquista declaró su oposición al Estado, su objetivo era educar al pueblo para lograr la emancipación a través de la revolución social.

En cuanto a la supuesta división del movimiento anarquista, y más concretamente de la CNT, hay que recordar que el Manifiesto de los Treinta [5], de agosto de 1931, firmado por algunas personalidades de prestigio como Juan Peiró, no buscaba la colaboración entre clases ni la participación en el Estado. Denunciaba la aventura insurreccional de una minoría en el seno de la CNT, pero hacía un análisis lúcido y sensible de la situación de la clase obrera y del campesinado.

No existía una verdadera división en el movimiento anarquista español, los firmantes del manifiesto se oponían con cierto realismo a la Federación Anarquista Ibérica (FAI), pero todos eran firmes opositores al Estado y, por tanto, sólo podían reclamar el derrocamiento del nuevo sistema republicano.

La matanza de Casas Viejas (provincia de Cádiz) en enero de 1933 fue ordenada por el gobierno republicano y socialista de Manuel Azaña. La guardia de asalto republicana puso fin a los disturbios en Andalucía incendiando una casa donde se había refugiado una familia de simpatizantes anarcosindicalistas de la CNT: seis personas murieron quemadas. En total, murieron diecinueve hombres, dos mujeres y un niño, así como tres soldados. Estos hechos fueron de los más trágicos de la Segunda República Española y provocaron una crisis política que llevó a la caída del gobierno de Manuel Azaña [6]. No fue la rebelión anarquista ni su intransigencia la culpable de poner en cuestión la Segunda República. Fue la incompetencia de los políticos republicanos para escuchar las justas demandas de los obreros y campesinos lo que llevó a los anarquistas a la acción revolucionaria. Definitivamente desilusionados con el nuevo régimen, los campesinos y los trabajadores se distanciaron de los partidos republicanos -incluido el Partido Socialista- lo que permitió a la derecha ganar las elecciones en 1934. Ese mismo año tuvo lugar la revolución de los mineros asturianos. La represión -dirigida por un ejército republicano dirigido por el general Franco- se saldó con varios miles de muertos y prisioneros. Esta insurrección fue la prueba del descontento de los trabajadores con un sistema que seguía privándoles de los recursos esenciales y manteniéndoles bajo el yugo del poder republicano. 

Durante el golpe de Estado del general Franco y sus secuaces en julio de 1936, el movimiento anarquista intentó luchar junto a los republicanos, principalmente para mantener la coherencia de su lucha contra el fascismo. Es cierto que al transgredir sus principios ideológicos más básicos, los libertarios acabaron participando en las estructuras del Estado, pero esto es algo que hay que contextualizar en una situación de guerra y merece un análisis riguroso. Obviamente, esto no se hizo para ganar trozos de poder, sino para defender la revolución social ya en marcha. Las críticas fueron realizadas en su momento por prestigiosas figuras del anarquismo, como Emma Goldman o Camilo Berneri. La Federación Anarquista Ibérica (FAI) pidió a sus militantes un voto de confianza para la participación de ministros anarquistas en el gobierno. El 4 de noviembre de 1936, cuatro dirigentes de la CNT entraron en el nuevo gobierno de la República devastada por la guerra, presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. Se trataba de un «acontecimiento trascendental», como declaró aquel día Solidaridad Obrera, el principal órgano de expresión de la CNT, porque los anarquistas nunca habían confiado en los poderes de la acción gubernamental y porque era la primera vez que esto ocurría en la historia del mundo. La presencia de anarquistas en el gobierno de un país fue un acontecimiento único.Pocos militantes importantes del movimiento anarquista se negaron a dar este paso hacia el poder, y la resistencia de la «base», de esa base sindical revolucionaria que hasta entonces se había enfrentado a los dirigentes de la República, fue también mínima contra esta decisión. 

El sangriento pero mítico verano revolucionario de 1936 ya había pasado. Los anarquistas radicales y los sindicalistas moderados, que se habían enfrentado y dividido en el seno de la CNT en los primeros años republicanos, estaban ahora unidos, luchando por conseguir el apoyo necesario para poner en práctica sus nuevas convicciones políticas. Se trataba de no dejar los mecanismos del poder político en manos de otras organizaciones políticas, una vez que había quedado claro que lo que ocurría en España era una guerra y ya no una revolución.

El Comité Nacional de la CNT eligió los cuatro nombres para esta misión: Federica Montseny, Juan García Oliver, Joan Peiró y Juan López. Con estos cuatro líderes, los dos principales sectores que habían luchado por la supremacía en el movimiento anarcosindicalista durante los años republicanos estaban representados de forma equilibrada: los sindicalistas y la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Joan Peiró y Juan López, ministros de Industria y Comercio, eran las figuras indiscutibles de estos sindicatos opositores que, tras ser expulsados de la CNT en 1933, volvieron al redil poco antes del levantamiento militar. Juan García Oliver, el nuevo ministro de Justicia, era el símbolo del «hombre de acción», de la «gimnasia revolucionaria», de la estrategia insurreccional contra la República, que se había construido desde las jornadas revolucionarias de julio de 1936 en Barcelona. 

Federica Montseny, Ministra de Sanidad, era famosa por su origen familiar. Era hija del activista anarquista, poeta y escritor Federico Urales. Era conocida por su pluma, que cortó durante la República para atacar, desde un anarquismo intransigente, a todos los traidores reformistas. También fue la primera mujer ministra de la historia de España.

La revolución iniciada el 19 de julio de 1936 encontró una fuerte oposición por parte de la Generalitat y del gobierno de la República, que culminó con la toma de la central telefónica de Barcelona en mayo de 1937 por parte de las tropas gubernamentales. El gobierno central intentó apoderarse de este sitio estratégico para la CNT. Al igual que en julio de 1936, los militantes anarquistas volvieron a levantar barricadas por toda la ciudad para defender la Revolución, y comenzaron los enfrentamientos, conocidos como los «sucesos de mayo del 37». Entre agosto de 1936 y marzo de 1937, un gobierno republicano con cuatro ministros anarquistas emitió sucesivos decretos. Estos decretos fueron poniendo fin a las conquistas revolucionarias de julio. La mayoría de los comités de trabajadores fueron desmantelados o vaciados de sus funciones. Es el caso de los comités locales que han sustituido a los consejos municipales, o de los tribunales revolucionarios que fueron disueltos para reinstalar el sistema judicial republicano. Las milicias obreras fueron militarizadas e integradas en el nuevo ejército popular, y los comités de abastecimiento y los comités de empresa perdieron el control sobre la producción y la distribución de bienes. Uno de los últimos decretos firmados puso fin a las patrullas de control, cuerpos armados de trabajadores que habían garantizado el orden público desde la derrota del golpe militar. 

El domingo 3 de mayo, el gobierno ordenó a la Guardia de Asalto (la policía republicana) que tomara el control del edificio de la central telefónica, que estaba en manos de un comité formado por militantes de la CNT y la UGT (Unión General de Trabajadores, socialista) desde julio de 1936. La resistencia de los trabajadores de la CNT al asalto policial desencadenó los primeros enfrentamientos. La noticia se extendió por toda la ciudad. Se levantaron rápidamente barricadas en todos los barrios. Por la tarde, toda la ciudad volvía a estar bajo el control de los trabajadores, excepto los edificios oficiales y las sedes del Partido Socialista Catalán (PSUC), de ERC (Izquierda Catalana) y del Estat Català (estructura independentista, en parte grupo paramilitar, en parte partido político).Durante toda la semana, las barricadas permanecieron en su lugar. Sin embargo, al final de la semana, los trabajadores acabaron por abandonarlos cuando las direcciones de la CNT-FAI, primero, y del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), después, les pidieron que pusieran fin a las hostilidades. Sólo algunos grupos, como los Amigos de Durruti [7] y el ala izquierda del POUM, eran partidarios de convertir esta insurrección en una ofensiva final dirigida por la Revolución contra el Estado republicano, que amenazaba las conquistas sociales de julio de 1936. 

La ciudad fue tomada por 8.000 guardias en la tarde del 7 de mayo, y comenzó una gran represión contra el movimiento anarquista y el POUM. Cientos de personas fueron encarceladas en el Castillo de Montjuich, la cárcel Modelo, el Hotel Colón y en varios centros de detención clandestinos que estaban en manos de la Cheka soviética [8]. Otras decenas de personas desaparecieron y fueron asesinadas, como el anarquista italiano Camilo Berneri. Tras los sucesos de mayo, el POUM fue ilegalizado, sus dirigentes fueron encarcelados y Andreu Nin, su principal líder, fue asesinado.

El paso de la CNT al gobierno republicano dejó poca huella concreta. Los ministros anarquistas entraron en el gobierno en noviembre de 1936 y salieron en mayo de 1937. No pudieron hacer mucho en seis meses. La participación de cuatro ministros anarquistas en este gobierno se comentó mucho más que su actividad legislativa -aparte de algunos avances efímeros sobre el derecho al aborto y el estado de las cárceles españolas-. 

La revolución y la guerra estaban perdidas y tal acto de ruptura con la tradición antipolítica de la CNT fue duramente criticado. Para la memoria colectiva del movimiento libertario, derrotado y en el exilio, esta traición, este error, sólo podía tener terribles consecuencias. Toda la literatura anarquista posterior, enfrentada a este tema, dejó de lado el análisis para toda una serie de conocidos reproches éticos. Por un lado, se había producido una revolución vigorosa y soberana; por otro, su destrucción, provocada por la ofensiva lanzada por el poder republicano contra las milicias, los comités revolucionarios y las colectivizaciones, que puso fin a toda esperanza de cambio social.

Las destituciones de los ministros Federica Montseny y Juan García Oliver para poner fin a la insurrección obrera y la derrota de los militantes más radicales siguieron manteniendo viva la esperanza revolucionaria en Cataluña. 

Las decisiones tomadas por algunos dirigentes de la CNT condujeron al declive ideológico de una organización que se había definido unos meses antes como anarcosindicalista y, por tanto, anticapitalista y antiautoritaria. A mayo de 1937 en Barcelona le siguió la destrucción en agosto del consejo de Aragón y de las comunidades rurales de esta región, de mayoría libertaria, por el ejército republicano dirigido por el general estalinista Lister. Desde entonces y hasta el final de la guerra, en marzo de 1939, quedó claro que la revolución había sido engullida por quienes eran sus enemigos, pero también por algunos de sus representantes que habían colaborado en la derrota de su propio bando en el gobierno. Los acontecimientos de mayo de 1937 en Cataluña y la destrucción de las comunidades anarquistas en Aragón pueden entenderse como el momento final del proceso revolucionario de transformación social iniciado en el verano de 1936. En consecuencia y a largo plazo, supuso el desplazamiento de la iniciativa política y social de la CNT a los partidos políticos republicanos. 

A corto plazo, supuso la derrota de una opción radical existente en la sociedad española y la absorción de la CNT en el conjunto de fuerzas gubernamentales republicanas. Las diferencias internas surgieron en un movimiento anarquista dividido entre la opción gubernamental y los partidarios de la consolidación y profundización de la transformación social iniciada en julio de 1936. La experiencia del movimiento anarquista en España demuestra que las revoluciones no deben hacerse a medias, la revolución no puede tolerar indefinidamente la existencia de la contrarrevolución. Al participar en el gobierno republicano, los dirigentes anarquistas sólo podían contribuir a la defensa de las instituciones burguesas y de una supuesta vanguardia proletaria que pretendía estrangular la revolución mediante el fortalecimiento del Estado. Los dirigentes de la CNT y la FAI no consiguieron nada con una posición antifascista meramente defensiva. Fueron lecciones aprendidas a costa de mucho dolor y sangre.

La Segunda República nunca fue social y libertaria. Era el enemigo de los millones de obreros y campesinos que rechazaban la existencia del Estado y luchaban por una sociedad sin opresión ni explotación.

Daniel Pinós

[1] Un latifundio (o latifundio) es una gran propiedad que se caracteriza tanto por su tamaño, que oscila entre unos cientos de hectáreas y decenas de miles de hectáreas, como por el muy bajo nivel de desarrollo del terreno. Los latifundios suelen dedicarse a la ganadería extensiva y a unos pocos cultivos alimentarios cultivados por campesinos sin tierra, vinculados al señor de la finca por lazos de dependencia tanto personal como económica.

[2] La Federación Regional Española fue una organización obrera fundada como sección española de la Primera Internacional (1870), en la que estaban representadas las tendencias marxistas y bakuninistas. Pasó a la clandestinidad y se disolvió, para volver a crearse en 1881 como Federación de Trabajadores de la Región Española, de influencia bakuninista.

[3] La Revolución de 1868, también conocida en español como La Gloriosa o La Septembrina, fue un levantamiento revolucionario que tuvo lugar en septiembre de 1868 y que destronó a la reina Isabel II. Los seis años que siguieron a esta revolución se denominan en la historiografía española Sexenio Democrático.

[4] Miguel Primo de Rivera era un general. Gobernó España desde el 13 de septiembre de 1923 hasta el 28 de enero de 1930, cuando dimitió. Era el padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española (fascista).

[5] El Manifiesto de los Treinta o Manifiesto de los Treinta fue un texto político hecho público en Barcelona en agosto de 1931 por militantes de la CNT. Fue firmado por Joan Peiró (secretario general de la CNT en 1922-1923, futuro ministro), Ángel Pestaña (secretario general de la CNT en 1929) y Juan López Sánchez (futuro ministro).
Descrita como «trentismo», esta corriente ideológica defendía una línea definida como «moderada», o «posibilismo libertario» dentro del movimiento libertario español.
Excluida inicialmente de la confederación, se reunió con la tendencia anarcosindicalista en mayo de 1936 en el congreso de Zaragoza, en torno al proyecto del comunismo libertario, que hacía de la comuna el centro de la sociedad posrevolucionaria.

[6] Manuel Azaña Díaz (fallecido en el exilio el 3 de noviembre de 1940 en Montauban, donde está enterrado) fue escritor, periodista y político.
Presidente del gobierno provisional de la República Española (del 14 de octubre de 1931 al 16 de diciembre de 1931) y segundo presidente de la Segunda República de 1936 a 1939, Manuel Azaña es una de las grandes figuras del republicanismo español.

[7] Este movimiento fue organizado por primera vez en el seno de la CNT-FAI, por los militantes de la FAI Pablo Ruiz, Eleuterio Roig y Jaime Balius. Estos hombres fueron expulsados de la CNT-FAI por su postura antigubernamental durante las jornadas insurreccionales de mayo de 1937, mientras la CNT llamaba a los trabajadores a la calma. En las batallas callejeras, la CNT se acercó a los militantes del POUM.

El programa de los Amigos de Durruti incluía los siguientes puntos: la destrucción inmediata de la economía capitalista y de todas las formas de Estado; la instauración del comunismo libertario; la sustitución del Estado y del capitalismo por los sindicatos como instituciones económicas, los municipios como instituciones políticas y la federación como medio para establecer los vínculos entre sindicatos y municipios.

[8] La Cheka fue la policía política creada en 1917 en Rusia, bajo la autoridad de Félix Dzerzhinsky, para combatir a los enemigos del nuevo régimen bolchevique. Su organización estaba descentralizada y pretendía apoyar a los soviets locales. Muchos de los cuadros de esta organización operaron en España para combatir a los opositores de un gobierno republicano cada vez más controlado por la Unión Soviética de Stalin. Aplicaron los mismos métodos criminales que en la URSS para eliminar toda forma de oposición. La Cheka se convirtió en la GPU en 1922, que se disolvió en el NKVD en 1934, y finalmente se convirtió en el KGB en 1954…

Original: http://www.memoire-libertaire.org/L-anarchisme-et-la-Republique-en-Espagne