El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, se niega a crear un registro de objetores de conciencia del aborto y evita con ello cumplir la ley. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenaba el pasado lunes al Ejecutivo de la Puerta del Sol que iniciara los trámites para la elaboración de este sistema que la presidenta se empeña en tachar de “lista negra”.