Yo, como el juez García-Castellón, también os amenazo: seguiré poniendo estos artículos mientras los sigáis leyendo. Que me lleva cinco minutos.
García-Castellón se ha mostrado muy ofendido con quienes hablan de lawfare o prevaricación judicial. De hecho, llegó a decir que si alguien cree que un juez prevarica, que presente denuncia. Como no queremos disgustar al magistrado jubilado, vamos a hacer otra cosa: no decir que prevaricó, sino imaginar qué decisiones alternativas habría podido tomar para que ningún malpensado dudase jamás de su imparcialidad.
García-Castellón se hizo fama de azote de algunos poderosos en su primera etapa en la Audiencia Nacional, con casos como Banesto o Jesús Gil. Después pasó muchos años como juez de enlace en Francia e Italia y regresó en 2017 al Juzgado Central de Instrucción número 6 para heredar algunas de las causas más sensibles de la política española: Lezo, Púnica, Villarejo, Kitchen, Dina, Podemos y Tsunami Democràtic.
Prompt:
Actúa como asesor legal de apariencia de imparcialidad judicial. Analiza las decisiones más polémicas del juez Manuel García-Castellón en causas políticamente sensibles. Para cada caso, no afirmes que haya cometido delito alguno. Indica únicamente qué decisión tomó y qué alternativa procesal, perfectamente legalista, garantista y prudente, habría podido adoptar para que ningún ciudadano escéptico dudase de su voluntad de buscar la verdad caiga quien caiga.
Y el resultado es bastante didáctico.
Lezo: volver, aterrizar y rebajar una fianza
Decisión polémica:
- En 2017 García-Castellón vuelve a la Audiencia Nacional y hereda Lezo, una causa que afectaba al PP madrileño. Poco después rebaja de cuatro millones a 200.000 euros la fianza del hermano de Ignacio González.
- Técnicamente puede tener explicación: tiempo en prisión, circunstancias personales, criterios cautelares, proporcionalidad. Perfecto.
- El problema es la apariencia. Estamos en una causa sobre una red de corrupción vinculada al PP madrileño, con sospechas sobre adjudicaciones, mordidas, comisiones y estructuras de poder. Y una de las primeras imágenes que recibe el ciudadano es la de una fianza reducida de forma espectacular a un familiar directo del expresidente investigado.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Mantener una posición especialmente prudente durante más tiempo, intensificar registros, comunicaciones, documentación societaria y rastreo patrimonial antes de suavizar medidas cautelares tan visibles.
- No hacía falta condenar a nadie de antemano. Bastaba con no inaugurar la nueva etapa mandando el mensaje de que la causa entraba en modo descompresión.
Púnica: Esperanza Aguirre no sabía nada, al parecer
Decisión polémica:
- En Púnica se investigó la presunta financiación irregular del PP de Madrid. García-Castellón llegó a imputar a Esperanza Aguirre, pero después archivó su causa porque no se acreditó que conociera la financiación irregular de campañas o el desvío de dinero público para promocionar su imagen.
- Formalmente impecable: si no hay prueba suficiente, archivo.
- El detalle simpático es que hablamos de Esperanza Aguirre, una dirigente que gobernaba el PP madrileño con una autoridad casi monárquica. La tesis resultante viene a ser que el PP de Madrid podía organizar campañas, adjudicaciones, reputación online y financiación irregular mientras su jefa política no se enteraba de nada.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- No creerse tan deprisa el “yo no sabía nada”. Agotar agendas, correos, teléfonos, testigos internos, proveedores, asesores de campaña, responsables de comunicación y circuitos de aprobación política.
- No para condenarla. Para poder decir: “hemos mirado hasta debajo de la alfombra antes de aceptar que la presidenta no sabía qué alfombra estaba pisando”.
Caso Dina: investigar a las víctimas, siempre una opción creativa
Decisión polémica:
- El caso Dina nace del robo del móvil de Dina Bousselham y de la aparición de su contenido en manos de Villarejo. Es decir, una pieza que, en principio, parecía ir de cloacas, robo de información y guerra sucia.
- Sin embargo, la investigación acabó girando hacia Pablo Iglesias. El Supremo rechazó imputarlo al no ver indicios suficientes.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Investigar primero a los malhechores antes que a las víctimas.
- Si un móvil robado acaba en el ecosistema de Villarejo, quizá el orden natural de las preguntas era:
- ¿quién robó el móvil?
- ¿quién movió la información?
- ¿quién la filtró?
- ¿quién la usó políticamente?
- ¿quién se benefició de su difusión?
- Y solo después, si sobraba tiempo y pruebas, ponerse creativo con la víctima política de la operación.
Podemos y la financiación venezolana: cuando la imaginación viaja mejor que las pruebas
Decisión polémica:
- García-Castellón impulsó investigaciones sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos a partir de las declaraciones del exgeneral venezolano Hugo “El Pollo” Carvajal. La Sala Penal acabó ordenando el archivo de una investigación calificada como prospectiva.
- En castellano no jurídico: ir a ver si se encuentra algo, a ver si suena la flauta, a ver si Venezuela, Podemos, Irán, Monedero y el chavismo terminan encajando en algún PowerPoint judicial.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Exigir indicios sólidos antes de abrir una investigación secreta de enorme impacto político contra un partido.
- La imaginación está muy bien para Netflix. Para instruir causas penales, mejor pruebas, competencia y límites.
Kitchen: los audios de Villarejo y la “libretita” de Bárcenas
Decisión polémica:
- En Kitchen, García-Castellón imputó a Cospedal y a su marido, pero después rechazó volver a imputarla pese a los nuevos audios de Villarejo sobre la “libretita” de Bárcenas y pese al criterio de Anticorrupción.
- El asunto tiene gracia procesal: si Kitchen trata de una operación parapolicial para robar o destruir pruebas sobre la caja B del PP, unos audios donde se habla de la libreta de Bárcenas, Cospedal, Villarejo y el entorno de Rajoy parecen, como mínimo, dignos de muchísimo cariño instructor.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Exprimir esos audios hasta el último segundo.
- Pedir transcripciones completas, cotejar fechas, cruzar llamadas, citar a quienes aparecían mencionados, reconstruir reuniones, agendas, intermediarios y consecuencias.
- No hacía falta mandar a nadie a galeras. Bastaba con actuar como si unos audios sobre la “libretita” de Bárcenas fueran relevantes en un caso sobre el robo de pruebas de Bárcenas.
Kitchen otra vez: no subir demasiado alto
Decisión polémica:
- La causa Kitchen terminó centrada sobre todo en Interior, policías y mandos concretos. La parte política superior quedó mucho más desdibujada. Rajoy, Cospedal, Sáenz de Santamaría o Arenas han acabado desfilando como testigos, no como acusados.
- Trece años después de los hechos, el país escucha “no lo sé”, “no me consta”, “no recuerdo” y “no tenía conocimiento”.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Tratar Kitchen como lo que aparentemente era: una operación de Estado para proteger a un partido del Gobierno.
- Eso exigía reconstruir no solo quién pagó al chófer de Bárcenas o quién habló con Villarejo, sino quién tenía interés político en destruir o recuperar esos papeles, quién se beneficiaba de la operación y quién estaba en condiciones de ordenar, conocer o consentir aquello.
- La pregunta no era solo “qué hizo la policía”. Era también “para quién trabajaba la policía”.
Tsunami Democràtic: terrorismo primero, plazos después
Decisión polémica:
- En Tsunami Democràtic, García-Castellón dirigió la causa hacia el terrorismo y señaló a Puigdemont y otros investigados. Después la Audiencia Nacional anuló la prórroga de la instrucción por estar fuera de plazo y la causa acabó archivada.
- Aquí el resumen es precioso: terrorismo sí, pero plazo procesal no.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Esperar a que Puigdemont cometiera algo razonablemente parecido a terrorismo antes de tratarlo como terrorismo.
- Y, ya puestos, cumplir los plazos procesales. Es una manía muy formalista, pero los plazos legales tienen esa costumbre molesta de llamarse legales.
Jubilación y demanda por honor: no me llames prevaricador
Decisión polémica:
- Ya jubilado, García-Castellón demandó a Ione Belarra por llamarle “corrupto” y “prevaricador”. También ha defendido que quien crea que un juez prevarica debe denunciarlo.
- Correcto. Un juez tiene derecho al honor. Incluso un juez cuyas decisiones han provocado sospechas políticas durante años.
Decisión alternativa perfectamente legalista:
- Aceptar que en democracia la crítica a los jueces existe, especialmente cuando han instruido causas de enorme impacto político.
- Una cosa es proteger el honor. Otra, convertir cualquier crítica dura a la actuación judicial en sacrilegio institucional.
Conclusión
- No hace falta decir que García-Castellón prevaricó. No hace falta llamarle corrupto. No hace falta afirmar que cometió delito alguno.
- Basta con mirar la secuencia.
- Con Lezo y Púnica, prudencia hacia arriba.
- Con Kitchen, límites para subir demasiado.
- Con Dina y Podemos, creatividad expansiva.
- Con Tsunami, terrorismo hasta que los plazos dijeron basta.
El problema no es que todas esas decisiones sean necesariamente ilegales. El problema es que, vistas juntas, obligan a una pregunta muy sencilla:
¿Qué habría pasado si García-Castellón hubiera aplicado siempre la misma intensidad investigadora, el mismo escepticismo y la misma prudencia, afectara el caso al PP, a Podemos o al independentismo?
Porque algunos jueces no necesitan ser prevaricadores para que sus decisiones parezcan escritas por un guionista con demasiada militancia ambiental.
No le llamaré prevaricador.
Le llamaré juez.
Y en España, a veces, eso ya dice bastante.
ombresaco 
