La decisión de última hora de prometer un pago medio de 25 000 dólares por parte de los abogados encargados del acuerdo fue criticada por la empresa responsable de distribuir dichos pagos. Las discusiones sobre cómo debían calcularse las indemnizaciones por daños personales dieron lugar a una amarga batalla judicial, confusión entre los residentes y retrasos en los pagos del acuerdo.
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