La Generalitat marca distancias por primera vez con la gestión realizada por la conselleria de Salomé Pradas, imputada en la causa judicial junto a su entonces número dos, Emilio Argüeso, durante la dana del 29 de octubre. Tras meses defendiendo que la responsable de vigilar los barrancos era la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que "no avisó" de la avenida en el del Poyo, este martes la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha evitado valorar si la Generalitat erró al no supervisar las ramblas
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