Un tribunal de mayoritaria sensibilidad conservadora y compuesto, sobre todo, por los cinco jueces que hace un año aceptaron abrir la causa contra Álvaro García Ortiz. Los mismos que, por esas fechas, ya tuvieron que tratar con un antecedente del caso y rechazaron imputar a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, acusada por varias querellas de revelar datos confidenciales del expediente tributario de Alberto González Amador.
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Como debe ser, claro que sí. Porque eso de conocer las leyes que han escrito los juristas ordenados por los políticos elegidos por los ciudadanos, y aplicarlas objetivamente sólo y siempre en base a hechos demostrados, es de rojos de mierda.