Hacienda investiga un pago de 2,4 millones a una amiga de Begoña Gómez por acelerar el rescate de Air Europa

Juan Carlos Peinado da traslado a las partes de la documentación sin anonimizar datos personales, tal y como había pedido la defensa de Cristina Álvarez

La defensa de la mujer de Sánchez solicita que el juez recabe de Moncloa la identidad de esos asistentes "con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaron a cabo"

El juez Juan Carlos Peinado, quien instruye la causa contra Begoña Gómez, enviará a juicio la mujer de Pedro Sánchez por malversación de fondos públicos frente a un jurado popular, de igual manera que hará con su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y con el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. El jurado popular no es un invento reciente ni una excentricidad judicial. Lo recoge el artículo 125 de la Constitución y, desde 1995, lo regula la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. La idea es sencilla: que la ciudadanía tenga voz en l

Entre las decenas de correos enviados por su asesora en Moncloa hay al menos diez con indicios de delito

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, decidió no acudir este sábado a la cita comunicada por el juez Juan Carlos Peinado, y acudió en su representación su abogado, Antonio Camacho. Tampoco lo hizo el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien también había sido llamado por el magistrado del Juzgado 41 de Madrid. Con ello, se acogieron a la Ley del Jurado y una circular aclaratoria de la Fiscalía de 1995, según informó elDiario.es.

Estos lazos familiares, políticos y profesionales han generado sospechas sobre la imparcialidad con la que se instruye la causa el polémico magistrado

El magistrado pide ya 70.000 euros a Gabriel Rufián, Óscar López o Patxi López, últimos denunciados. El magistrado se querelló contra Rufiáan después de que éste sugiriera que trabajaba para el PP, dejando caer así que estaba perpetrando un delito que le convertía en un prevaricador. Peinado le reclamaba al político que rectificara en sede judicial o, de no hacerlo, presentaría contra él una querella por injurias y calumnias o una demanda por protección al derecho al honor para reclamarle la cantidad señalada.