La Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, prepara un nuevo reglamento de vivienda que exigirá un empadronamiento mínimo de 10 años en la región para poder optar a una vivienda protegida y limitará el acceso a quienes hayan sido condenados por ocupación ilegal: no podrán solicitar una vivienda pública durante cinco años tras la sentencia firme. La norma está en trámite y se espera aprobarla en julio.
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