Proponen prohibir que las empresas condenadas por corrupción concurran a concursos públicos y expropiar los beneficios adquiridos mediante prácticas corruptas, una ley expropiatoria de bienes o beneficios adquiridos, el mantenimiento del estatuto legal de las acusaciones populares o ampliar los tipos penales y endurecer las penas contra corruptos y corruptores.  
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